Editorial
EXPANSIÓN

Los nuevos gobiernos autonómicos tienen numerosas obligaciones, pero sobre todo una responsabilidad: no frustrar la recuperación económica. En este punto se han centrado las advertencias que diversos analistas y expertos han realizado desde que las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo diesen como resultado la mayor fragmentación parlamentaria de las últimas décadas. Revertir ahora las políticas de estabilidad presupuestaria (que han permitido, junto a las reformas estructurales, volver a la senda del crecimiento) y disparar irresponsablemente el gasto público de las administraciones territoriales supondría un freno a la acelerada expansión de la actividad económica. En el primer trimestre del año, el PIB de España registró un incremento interanual del 2,7%, el mayor avance de la zona euro. Como punta de lanza de esa aceleración se colocaron Valencia y Baleares, ambas con un crecimiento del 3,4%, dos de las comunidades en las que con toda probabilidad se producirá un cambio de signo político después de que el PP no lograse revalidar su mayoría absoluta y los partidos de izquierdas anunciasen su intención de lograr un pacto. Las propuestas electorales de estas formaciones son, precisamente, el gran motivo de inquietud de los inversores.

Ayer mismo la agencia de calificación crediticia Fitch se sumó al coro de voces autorizadas que han alertado de que un giro en la política económica de las autonomías pondría en riesgo el cumplimiento de sus exigentes objetivos de déficit público para este año y el próximo. De ahí la importancia de que los nuevos ejecutivos regionales, sean del signo político que sean, se comprometan a perseverar en la senda de la reducción de los desequilibrios presupuestarios acumulados. Porque, frente a quienes dicen que el margen para ajustes adicionales del gasto estructural de las comunidades autónomas está agotado, lo cierto es que, ante la cercanía de la última convocatoria electoral, varias de ellas aumentaron las contrataciones de personal e, incluso, el número de organismos públicos. Las autonomías todavía mantienen operativas 1.866 entidades dependientes y han sido bastante menos ambiciosas que el Estado central en la reducción de entes. Cabe recordar que la mayoría se mantiene a flote gracias a la liquidez de emergencia inyectada por Hacienda, lo que ha disparado su endeudamiento, y que sin una mejoría clara de sus cuentas será difícil que recuperen el acceso a los mercados de deuda para poder financiarse.

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