Editorial
DIARIO DE SEVILLA

Pasado mañana, los alumnos de Primaria de toda Andalucía volverán a las aulas con una nueva ley que regulará la educación preuniversitaria en España: la muy polémica Lomce, una de las herencias envenenadas que el ya ex ministro José Ignacio Wert le ha dejado al Gobierno de Rajoy.

Nadie discute que la Ley para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) tiene virtudes y que pretende mejorar la calidad de la enseñanza en un país en el que el descenso del nivel medio escolar (por no hablar de la excelencia) en las últimas décadas ha sido alarmante. Sin embargo, a la Lomce le ha pasado lo mismo que a las siete anteriores leyes educativas españolas: no ha contando ni con el consenso de los profesionales de la educación ni con el de los partidos políticos ni con el de las comunidades autónomas, que son las administraciones que, al fin y al cabo, la tienen que poner en marcha. Andalucía, País Vasco, Canarias, Cataluña y Asturias han liderado la oposición al Gobierno central, y nuestra comunidad ya anunció en su día medidas para «paliar» los que considera efectos negativos de la ley.

El problema de la Lomce es que, independientemente de la valoración que pueda merecer, probablemente será papel mojado en unos meses. El actual ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, ha decidido mantener su aplicación (ya era demasiado tarde para otra cosa), pero también abrir el debate con las autonomías sobre una de sus medidas más polémicas, como es la vuelta a las reválidas. El PSOE se ha comprometido a derogarla en el caso de que gane las próximas elecciones generales y el propio PP no se siente ya con fuerzas para defenderla.

La idea de que la Lomce tiene sus días contados nos recuerda que España no ha sido capaz aún de encontrar un marco educativo basado en la racionalidad y la búsqueda del bien común, y no en los prejuicios ideológicos y/o religiosos de derechas e izquierdas. En unos tiempos en los que se repite por activa y por pasiva que el futuro económico de Europa pasa por la continua innovación tecnológica y que la educación debe convertirse en uno de los grandes pilares de nuestra sociedad, resulta extraño (si no sonrojante) ver cómo nuestros políticos son incapaces de ponerse de acuerdo en algo tan elemental. Podemos dar casi por seguro que esos niños que el jueves empezarán la Primaria con la Lomce acabarán su ciclo escolar bajo otra ley. Esperemos que ese texto cuente con el consenso de todos.