Andrés Rodríguez Benot

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Diversas reacciones ha suscitado la promulgación del Real Decreto por el que se reordena la duración de las titulaciones universitarias, comúnmente conocido como 3+2 (o, para ser más correctos, 4-1 según reciente manifestación del ministro del ramo). No cansaré al lector con un análisis técnico del mismo sino que, al hilo de ello, me limitaré a efectuar algunas reflexiones sobre la universidad que tenemos desde la óptica de más de veinticinco años dedicados a la causa en la docencia, la investigación y la gestión. Es un lugar común calificar a la universidad española como mediocre; se lee o se oye ello con frecuencia a comunicadores, políticos y otros generadores de opinión (quienes, por cierto, en su inmensa mayoría se han formado en ella). Quizás sea la clase de universidad que corresponda al tipo de país que tenemos: así, podrían considerarse asimismo mediocres nuestra sanidad, nuestras empresas, nuestras infraestructuras, nuestro deporte, nuest ros artistas o, por qué no, nuestros políticos. Pero me niego a aceptarlo: en el sistema educativo español hay universidades, facultades, departamentos y titulaciones buenos, regulares y malos; como en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo a ninguno de éstos se les descalifica genéricamente por tal circunstancia; a la universidad sí. Permítanme invocar dos datos para combatir este extendido descrédito. Por una parte resulta incontrovertible que España forma a buenos ingenieros, médicos, juristas, arquitectos, empresarios, periodistas, etc. como lo acredita que nuestros egresados universitarios triunfen fuera de nuestras fronteras aun en países más desarrollados que el nuestro. Por otro lado, la ausencia de centros españoles en la célebre clasificación de los mejores del mundo de la Universidad de Shanghai se entiende si se analizan los criterios que ésta maneja para elaborar su elenco, ajenos a nuestra tradición científica: siendo el primero de ellos el número de Premios Nobel, difícilmente una universidad española puede hallarse en ese listado cuando el nuestro es un país con escasos beneficiarios con dicho galardón (sólo siete, de los cuales cinco lo han sido de Literatura y únicamente dos de Ciencias). Que el funcionamiento de la universidad española es mejorable resulta evidente. No obstante, el Real Decreto de 3+2, prácticamente la única iniciativa adoptada en el ámbito universitario por el partido en el Gobierno respecto de su programa para las elecciones generales de 2011, es probablemente la menos necesaria y la más inadecuada, pues yerra en su justificación y en sus objetivos. En lo primero por cuanto se parte de la afirmación —incierta— de que un proceso formativo de cuatro años es minoritario en el panorama universitario de nuestro entorno y propio de países de tercera fila: se invoca así desde el Ministerio a Azerbaiyán o a Chipre, pero no se nombra a en cambio a Estados Unidos, que tiene las mejores universidades del mundo; animo a nuestros gobernantes a que, en lugar de criticar sin argumentos, se sientan orgullosos de que la duración de los estudios universitarios en España coincida con la tendencia creciente en la UE. Pero el Real Decreto tampoco acierta en su principal objetivo, la internacionalización de la universidad, dado que con Grados de tres años los estudiantes apenas podrán acogerse a programas de movilidad (señaladamente Erasmus) por razones temporales con la consiguiente devaluación de su formación: tendremos egresados más locales, con títulos menos competitivos, escasamente políglotas. El resultado será el del empobrecimiento de la formación de la universidad española y el de unos egresados, en este caso sí, más mediocres. Un paso atrás en el progreso de nuestro Reino hacia la excelencia que todos perseguimos; así lo ha entendido el francés Guy Haug, uno de los máximos expertos en el Espacio Europeo de Educación Superior, en una reciente entrevista a un diario español. El problema es que cuando todo esto se concrete los políticos que ahora adoptan esta funesta medida ya no estarán en sus puestos; pero los que hemos consagrado nuestra vida a esta tarea superior de formación sí para lamentarlo. Y el argumento de que esta medida es voluntaria y flexible resulta falaz: será obligada para todos en cuanto una universidad decida ofertar sus Grados con tres años de duración.
La misión de la universidad española debe ser, con las limitaciones y grandezas de nuestro estatus como potencia europea media, la de formar integralmente a los mejores ciudadanos posibles. Cierto es que, en su tarea, adolece de errores y disfunciones que es preciso afrontar con urgencia (en particular su gobernanza); pero no lo es menos que no la desarrolla peor que otros sectores de la sociedad a los que, por sistema, no se menosprecia. Piense que al criticarse sin fundamento o merecimiento a la universidad se minusvalora la formación de sus hijos, su título profesional o su trayectoria académica. En definitiva nos desdeñamos a nosotros mismos y a nuestro país.
Andrés Rodríguez Benot
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