Joaquín Aurioles
DIARIO DE SEVILLA

En tiempos de recuperación aumenta el interés por lo inmediato y se relaja la atención sobre los problemas de naturaleza estructural, incluso sabiendo que nos condena a que la historia se repita hasta en sus episodios más dramáticos. A mediados de los 90 se confiaba, tras superar la crisis, en un proceso de convergencia con el resto de España. Con el tiempo descubrimos que las inercias que movían a la sociedad andaluza no habían cambiado significativamente con respecto a los años previos a la crisis y que la preocupación por lo que podría ocurrirnos en la siguiente se había relajado considerablemente, por no decir desaparecido.

Entonces Andalucía necesitaba una teoría general que explicase las causas de su endémico diferencial de desarrollo con respecto al resto de España y Europa y todavía la sigue necesitando.

Abundan los enfoques parciales que enfatizan en la trascendencia de las más variopintas circunstancias, entre ellas la educación, la estructura productiva, el nivel tecnológico, el proteccionismo del estado benefactor, la intervención de la política en la economía, las instituciones y los incentivos, las infraestructuras y sus consecuencias sobre la productividad, la cultura empresarial, etc. La lista podría ampliarse con relativa facilidad y complicarse todavía mucho más si se tienen en cuenta los diversos enfoques con que a veces se interpretan cada una de las razones apuntadas, pero no dejaría de ser una relación más o menos exhaustiva de causas parciales. Seguimos careciendo de un enfoque global, capaz de conciliar todos estos aspectos dentro de un único cuerpo de análisis que permita elaborar una tesis explicativa de las causas del subdesarrollo andaluz en todas sus facetas y de alumbrar una estrategia política capaz de trascender el ciclo político, es decir, el electoral, y la coyuntura.

Una Teoría General de Andalucía también necesitaría de otras dos cosas. Por un lado, un enfoque interdisciplinar, que exigiría un esfuerzo de conciliación de métodos y postulados poco habitual entre expertos en diferentes materias. Por otro, incorporar el futuro con una perspectiva temporal lo suficientemente amplia como para permitir la consideración de reformas estructurales sin temor a sus consecuencias electorales, e incluso cambios en el modelo político, económico y administrativo. Seguramente un periodo no inferior a 20 años, difícilmente compatible con los márgenes temporales que inspiran las prioridades de los partidos políticos y sus instituciones vinculadas. Esto podría ayudar a entender que el largo plazo sea un tema extraño en el debate político convencional y a considerar que una iniciativa de estas características, que implica una notable capacidad para la movilización de grupos de personas cualificadas e independientes, sólo pueda arraigar eficazmente bajo el abrigo de instituciones de la sociedad civil. No cabe pensar, sin embargo, en desinterés o indiferencia de las instituciones políticas, sino más bien en un problema de definición de prioridades frente al vértigo de los problemas urgentes, pero la conclusión es que la Teoría General de Andalucía sigue a la espera.