Javier Martín-Arroyo
EL PAÍS
La Fiscalía Anticorrupción denunció la concesión de ayudas europeas en Andalucía tras un informe policial

La juez Beatriz González, titular del Juzgado 5 de Instrucción de Sevilla, investigará la gestión de los fondos europeos Jeremie por parte de la Junta de Andalucía, que ascendieron a 185 millones entre 2007 y 2013. La magistrada ha abierto este nuevo sumario al recibir un informe policial sobre los fondos remitido a la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la apertura de diligencias para analizar unas subvenciones otorgadas a empresas, varias de ellas creadas por ex altos cargos del Gobierno andaluz justo después de abandonar su responsabilidad en el Ejecutivo.

Tras el caso de los ERE fraudulentos que ascendió a 855 millones, los cursos de formación cuya cuantía total podría superar los 3.000 millones y el caso Invercaria, este nuevo sumario supone a priori otra macrocausa para analizar si existió delitos en la concesión masiva de fondos públicos por parte de la Junta andaluza. Del total de 379 millones procedentes de los fondos de la Unión Europea, la policía ha situado la lupa sobre 185 millones que la Junta invirtió en empresas del sector tecnológico, y que ahora la juez González examinará después de desgajarse del caso Invercaria, informa Europa Press.

En su informe, la policía destaca cómo el dirigente de Soprea [sociedad que aprobó las ayudas] Mariano Sánchez Pobre Bejarano fue nombrado director general de Kandor Graphics «al día siguiente de cesar» al frente de la sociedad del Gobierno andaluz. Kandor Graphics recibió cinco millones procedentes de los fondos Jeremie para realizar películas. Los agentes censuran que esta empresa, en situación de «estrangulamiento financiero», no debió haber recibido dinero de los fondos comunitarios Jeremie porque el sector audiovisual está expresamente fuera de esta línea de ayudas.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) censuran asimismo: «Es destacable que de las 17 empresas que aparecen en el listado del referido documento, una es un empresario individual, dos tienen el domicilio social fuera de Andalucía -por lo que no serían seleccionables para el programa Jeremie-, una no tiene inscripciones en el Registro Mercantil desde 2010 y hasta el día de la fecha diez han solicitado concurso de acreedores», asevera la UDEF.