La desviación del objetivo del déficit puede superar los 11.000 millones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, culpó a principios de año a las CCAA de la desviación en casi un punto del déficit previsto en 2015 (10.000 millones). Y ayer, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que mantiene sus diferencias con Hacienda sobre la información que le debería reportar, culpó a la Administración Central (también a la Seguridad) del probable incumplimiento del objetivo de 2016 y excluyó a las CCAA. Ambas administraciones incumplidoras forman parte de las cuentas públicas del Estado, que dependen de Montoro, que es además el encargado de su vigilancia y rigor.

Según el documento que ha elaborado la Airef sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el déficit de este año acabará en el 4,7% del PIB, 1,1 puntos por encima del último objetivo (unos 11.000 millones más allá de la previsión) del 3,6%. En el mejor de los supuestos, acabaría en el 4,1% (5.000 por encima de la estimación) siempre y cuando el Gobierno modifique la normativa de pagos fraccionado del Impuesto de Sociedades (6.000 millones de ingresos a cuenta de las devoluciones en 2017) y aplique una retención mínima que la Airef señala que no debe bajar del 20% frente al 12% que existía hasta 2015 y que el Gobierno suprimió.

Progresivo deterioro de las finanzas públicas

Para esta organismo, “se ha producido un progresivo deterioro en las finanzas públicas”. Y urge a que las administraciones “apliquen con rigor” y con visión a medio plazo las distintas disposiciones de disciplina presupuestaria. También pide que se refuercen los mecanismos de rendición de cuentas de la Administración Central y la Seguridad Social “dónde se encuentra el principal origen del incumplimiento”. Según fuentes de la Airef, España tiene un conjunto de normas (desde el cambio del artículo 135 de la Constitución en 2011 a la Ley de Estabilidad de 2012 y un largo desarrollo normativo) “que se cumple con poca exigencia”. “Es preocupante por la situación actual independientemente de la amenaza de multa por Bruselas”, añaden. Por ello, “debe cumplirse con rigor este marco legal y hay que reaccionar”.

La Autoridad Fiscal denuncia además que la Ley de Estabilidad está dirigida en su parte preventiva a las Administraciones Territoriales (CCAA y ayuntamientos). Sin embargo, el Gobierno se ha olvidado de la Administración Central, de quien depende más directamente. Así, el artículo 19 sólo contempla “la advertencia de riesgo de incumplimiento como instrumento a emplear en caso de que se aprecia en una autonomía o corporación local”. Por ello, la situación de riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit descrita “requiere cubrir esa laguna legal y establecer con urgencia un procedimiento de seguimiento interno que permita corregir desviaciones en la Administración Central”.

En este sentido, recomienda articular “una rendición reforzada de las cuentas” del Estado. Se trataría de “un reporte” del Ministerio de Hacienda, “con un análisis riguroso de los ingresos y gastos, y más información de lo que hace y de las medidas” en curso o propuestas para que se cumpla el déficit. “Hacienda debe hacer un esfuerzo adicional, con información mensual a la Comisión de Presupuestos del Congreso y Airef”.

Este informe hace un repaso a las causas de la falta de rigor de las previsiones presupuestarias y de déficit. Por ejemplo, señala que los ingresos tributarios (tanto por el Impuesto de Sociedades como por IRPF) muestran una tendencia a la baja ya que, a pesar de que sigue el crecimiento económico el impacto de las reformas fiscales está siendo mayor al esperado. También se recauda menos por la moderación del IPC, que es inferior al previsto. Además, la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2014 ha supuesto una aportación adicional de 703 millones a las CCAA (es la causa por la que la Airef opina que las regiones podrán cumplir con el objetivo de déficit establecido del 0,7%) que se añade al déficit del Estado.

Por el lado del gasto, curiosamente señala que “la existencia de un Gobierno en funciones ha contribuido a una contención del gasto público superior a la prevista”. Sin embargo, de los 2.000 millones de ajuste que anunció Montoro para que Bruselas le permitiera elevar el objetivo de déficit, se han instrumentado 1.625, “pero no se han aportado detalles de las partidas afectadas”.

Con estos datos, la Airef concluye que el déficit de la Administración Central acabaría entre el 2,1% y el 2,7% frente al 1,8% previsto. Mientras, la Seguridad Social alcanzaría el 1,7%, incluyendo la mejora de las cuentas delServicio Público de Empleo. Sólo la caja de las pensiones registrará un agujero récord de más de 17.000 millones (1,7% del PIB), superior incluso a los 16.705 de 2015.

 

EL MUNDO