DIARIO CÓRDOBA

Una juez afirma en un auto que la Junta adjudicó la explotación minera «sin el más mínimo rigor». Economía resolvió el concurso a favor de Minorbis, formada por Grupo México y la cordobesa Magtel
El procedimiento de concesión para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) se paralizó ayer, por orden de la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, después de que una jueza haya alertado en un auto de posibles irregularidades y de falta de rigor en el proceso. La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla ha emitido un auto en el que reprocha a la Junta que concediera «sin el más mínimo rigor» la explotación de esta mina, que está marcada por el desastre ecológico del 25 de abril de 1998, cuando la rotura de la balsa de residuos mineros vertió al río Guadiamar seis hectómetros cúbicos de lodos y aguas ácidas. Según el auto de la juez, no se ha apreciado que la empresa ganadora, Minorbis –formada por la multinacional Grupo México y la cordobesa Magtel–, «cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación». Por ello, la instructora considera «imprescindible» que la policía tome declaración a los responsables de que Minorbis no fuese excluida en la fase inicial del concurso, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio. La jueza también pide que se tome declaración a las personas que asistieron a una reunión el 11 de abril de 2014 en la que, según los denunciantes, el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, acudió a Emerita con la «supuesta intención de negociar la refundición de ambos proyectos para poder obtener la adjudicación» y, al finalizar la cita, les advirtió de que «Magtel tenía la llave del concurso». Para dar veracidad a sus palabras, les anunció que iban a recibir una llamada de alguien de la consejería, algo que se confirmó al llamarles el secretario general de Industria, Vicente Fernández, para interesarse por la reunión, según la denuncia. La jueza subraya que se ha incurrido en un posible vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de las medidas incluidas en un decreto ley de 2013 para garantizar que la explotación de la mina se hiciera con las mejores condiciones técnicas, de seguridad y ambientales, y con las mayores ventajas económicas y sociales. Tras la denuncia por prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias interpuesta por Emerita contra los responsables de la mesa de contratación que llevaron a cabo esta adjudicación, la jueza señala que la empresa ganadora no cumplió la exigencia de aportar el informe respecto a la capacidad de obrar del Grupo México. Tampoco se detalla el compromiso inversor de las partes asociadas, según la jueza, que considera «cuestionable y llamativa la naturaleza del acuerdo alcanzado entre Minorbis y Grupo México», que hicieron una declaración conjunta, aunque «no parece exceder de una declaración de buenas intenciones». El pronunciamiento de la jueza Patricia Fernández se produce tras la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso. La Junta defendió ayer la «legalidad y transparencia» del concurso y aseguró que el procedimiento «se ha adecuado a la legislación estatal y autonómica». La presidenta Díaz ordenó ayer paralizar el proceso y quiso dejar claro que la concesión «ha contado con la presencia de la Intervención de la Junta y de los servicios jurídicos», porque «siempre se ha buscado el máximo de transparencia, tanto en este proceso como en otros». Señaló que «ante cualquier sospecha» que tenga un juez en cualquier procedimiento o adjudicación de la Junta hará lo mismo, «ordenar que se paralice cualquier concesión» en esa situación. «No me va a temblar el pulso y seré implacable», apuntó. Adjudicación correcta El secretario general de Industria y Energía, Vicente Fernández, confió en que se archivará el proceso judicial abierto y puso la «mano en el fuego» sobre la «limpieza» del caso. En esa línea, aseguró que «la ciudadanía puede confiar en que el procedimiento de adjudicación ha sido correcto», y defendió el «inmenso esfuerzo» de los funcionarios que han participado en el proceso de adjudicación de la mina. La noticia irrumpió en plena negociación de los partidos para la investidura de Díaz y ha supuesto incluso que el PP haya suspendido temporalmente el diálogo con el PSOE hasta que la presidenta dé explicaciones sobre lo ocurrido. Ciudadanos reclamó «explicaciones políticas para ver qué ha pasado y si tiene razón la juez en las afirmaciones que realiza», mientras que IU recordó que ya advirtió que la adjudicación de la mina había sido «fraudulenta».
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