MANUEL CAMAS

Es evidente que nuestra justicia necesita sobre todo consenso para su reforma y reestructuración organizativa, pero también requiere mayor financiación. La financiación principal siempre va a provenir directamente del presupuesto del Estado y de las comunidades autónomas, pero una parte, que puede ser importante, debe proceder de los que utilizan este servicio público. La cuestión está en delimitar quiénes y en qué cuantía.

A mi juicio deben pagar el coste real del servicio de justicia todos aquellos que lo utilizan dentro de su actividad empresarial o profesional, y creo que debería ser básicamente gratuita o de un coste simbólico para los consumidores y usuarios, y gratuita en todo caso, para quienes litigan sobre cuestiones ajenas a la actividad económica. Qué sentido tiene que las empresas, que ordenan su actividad y sus precios teniendo en cuenta lo que abonarán por sus gastos, transporte, energía, mercaderías, materias primas o servicios profesionales, no consideren sus necesidades de uso del servicio público de justicia. Lo cierto es que litigan reclamando el pago de sus facturas o resolviendo conflictos con proveedores o cualquier otra cuestión. A mi juicio no tiene sentido, al contrario, nos perjudica a todos.
Un buen ejemplo son las compañías aseguradoras, en materia de tráfico: ¿cuántos recursos destina este país a que un juez sea quien determine quién abona el coste de la reparación del intermitente roto por una colisión en una rotonda?. La discusión de tráfico, de cuantía insignificante, cuesta miles de euros al Estado: jueces, funcionarios, notificaciones, horas de trabajo perdidas, instalaciones, etc. Es incomprensible que la actividad empresarial aseguradora se lucre con un servicio gratuito de justicia que aumenta sus beneficios en perjuicio directo del interés común (lo pagamos entre todos) e indirecto (sobrecarga el servicio y medidas alternativas que legislativamente podían potenciarse, como el arbitraje, se ven perjudicadas porque al juez no es un coste y el árbitro, sí).
Los concursos de acreedores ven desfilar honorarios suculentos para los administradores concursales y sin embargo entre todos pagamos el uso del servicio público.

En definitiva y técnicamente, el terreno en el que debe jugar la tasa judicial es en el de los sujetos pasivos del IVA, estableciendo tasas para empresarios y profesionales que en el ejercicio de su actividad usan el servicio público, lo hagan de forma habitual o no, y estableciendo una cuantía lo más cercana posible al coste de ese servicio. De esta manera, se recaudará suficiente para la tan necesitada reforma de nuestro sistema judicial, será más justo para el contribuyente y el sistema en su conjunto reaccionará buscando medidas alternativas que colaboren a aliviar la carga de trabajo del sistema.

Por el contrario, cuando es el consumidor o usuario en defensa de sus derechos el que necesita litigar, o cuando lo hace cualquier ciudadano en defensa de sus derechos en su actividad privada (divorcios, herencias, asuntos de sus comunidades de propietarios, etc.) no es conveniente. La defensa del consumidor se ha convertido en pieza clave de nuestro sistema económico y debe protegerse la seguridad del consumo; resolver los conflictos privados de los ciudadanos es además una garantía de paz social. De hecho, el actual sistema produce el efecto perverso de retraer al consumidor en la reclamación de sus derechos, perjudicando al mercado.

En esa línea debe ir la reforma de la reforma que haga el novísimo ministro porque leyes de tasas en nuestra democracia han existido varias. La preconstitucional, que estuvo vigente desde 1959 hasta 1987, fue suprimida, pero la medida iba dirigida a acabar con la corrupción, con las entonces llamadas astillas; las tasas se gestionaban directamente en los juzgados y la existencia de aquella caja, en metálico, ayudaba a mantener «distorsiones» (así lo denominaba la norma que las suprimía). La eliminación de las tasas fue un éxito que colaboró a acabar con esa corrupción. Posteriormente, a partir de 2003, se recuperan las tasas, que básicamente se aplicaron a grandes empresas.

Y llegamos a la ley de tasas del ministro Gallardón que, sin matiz alguno, generaliza y pone precio al servicio casi para todos y en cualquier caso. Frente a él, las instituciones colegiales de abogados y procuradores se han alzado con un rotundo NO a todo, también algunos sectores de la judicatura. Sin embargo, posturas tan rotundas no dejan de ser más corporativas que reflexivas y han dificultado la negociación, en momentos en los que hay mucho de lo que hablar además de las tasas. Limitemos las tasas judiciales a aquellos que utilizan la justicia dentro de los procesos de su actividad económica. Es el terreno intermedio que debe buscar el ministro.

MANUEL CAMAS
SUR