MANUEL CAMAS

Nuestro sistema judicial es, respecto de su organización y funcionamiento, una antigualla. Desde hace ya muchas legislaturas el único objetivo razonable para el Ministro de Justicia es modernizarla. Sin embargo, se sucede un ministro tras otro y se distraen en cuestiones que terminan siendo coyunturales, tales como reorganizar el Consejo General del Poder Judicial o modificar el Código Penal. Subir las penas es un vicio constante de nuestros gobiernos, con demasiada frecuencia las únicas propuestas ante los problemas es aumentar los castigos, en lugar de establecer controles preventivos eficaces o trabajar en la reparación de los daños. El nuevo Ministro ya nos ha anunciado que no abordará nada importante fuera de lo coyuntural, porque queda poca legislatura.

Por tanto, cabe preguntarse porqué, siendo tan evidente que hay que reorganizar nuestro sistema judicial y pese a tener la motivación de ser una tarea trascendente e histórica, ningún ministro, y van ya muchos, es capaz de hacerlo. Básicamente por cuatro razones:

1. Hay que saber a dónde queremos ir, hacer un diseño de la nueva organización.

2. Las fuertes resistencias del propio sistema al cambio. Los corporativismos de jueces y magistrados, secretarios judiciales, funcionarios a través de sus representaciones sindicales, abogados y procuradores, son una de las razones.
Todos se enfrentan a la reforma anteponiendo sus propios intereses al interés general.

3. Falta de consenso político. Frente a esas fuerzas, sólo cabe oponer una fuerte apuesta política, que requiere consenso,  pero el acuerdo requiere a su vez una visión política de altura y no el mero gobierno de la coyuntura, que es lo que se viene haciendo.

4. Un esfuerzo presupuestario para abordar la reforma. En la anterior legislatura, el ministro Camaño consiguió resolver los tres primeros requisitos, pero tampoco le dio tiempo a aprobar la reforma, porque esa legislatura la consumió inútilmente en gran parte el ministro Bermejo. Las necesidades presupuestarias eran asequibles dado el diseño elegido.
Efectivamente, la anterior legislatura acabó con un proyecto consensuado, los Tribunales de Instancia, una nueva planta y demarcación judicial, que acabarían con la inexcusable dispersión territorial de los recursos y permitirían un uso eficiente de los medios humanos y materiales. Por ello se proponía una drástica reducción de partidos judiciales,  además se consensuaba la instrucción penal por parte de la fiscalía (una fiscalía obviamente distinta) y la reforma de la oficina judicial.

El nuevo modelo de organización fue diseñado por un equipo de trabajo de alto nivel profesional, que recibió el reconocimiento de todos y generó consenso corporativo y político: Silvia Barona Vilar (catedrática de Derecho Procesal), José Luis Bueren Roncero (fiscal), Augusto Méndez de Lugo (magistrado y ex-presidente del TSJA), Victoria Ortega Benito (secretaria general de la Abogacía Española) y Herminia Palencia Guerra (secretaria judicial). El exministro Gallardón recibió en su día el nuevo diseño y el consenso necesario, que además lo facilitaba
la mayoría absoluta que sustenta al Gobierno al que pertenecía, y lo ha dilapidado todo, dedicado a reformar una norma que tenía un altísimo consenso y ningún rechazo social (la del aborto) reorganizar el gobierno de los jueces, romper consensos con los profesionales (las tasas y la justicia gratuita), etc.
No obstante, tenemos el modelo, que sigue siendo tan válido como hace tres años y sobre todo la necesidad de modernizar la Administración de Justicia en una situación, la de España, que lo exige. Esto es lo que se puede y lo que se tiene que hacer. El nuevo ministro tiene el deber y la obligación de reedificar el consenso sobre la modernización de la Justicia e iniciarla, de manera que, en todo caso, entre esta y la siguiente legislatura se produzca.

MANUEL CAMAS
SUR