María Reguillón
EXPANSIÓN
La mayoría de las CCAA contraatacan a la Lomce “minimizando sus efectos” en las aulas

Arranca en los próximos días el curso educativo y con él se introducen en las aulas nuevos cambios en lo que supone el segundo año de aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Lomce o Ley Wert. Se trata de la última reforma educativa –la octava de la democracia– que comenzó su polémica andadura el curso pasado y cuya nueva fase de aplicación en este curso escolar tampoco está exenta de controversia. Fundamentalmente por el rechazo de la mayoría de las autonomías aplicar la reforma en su literalidad. En contraposición con la LOE, aprobada por el Gobierno de Zapatero, la reforma introduce una serie de estándares de aprendizaje en las materias que conllevan una mayor concreción de los contenidos con el objetivo de que estos se adapten a una prueba final, las conocidas reválidas.

Durante el curso 2014-2015 se puso en marcha únicamente de manera parcial, en los cursos impares de Primaria y, a partir de septiembre del curso que está a punto de comenzar, tal y como indica la ley, deberá implantarse en los cursos pares de primaria, en primero y tercero de secundaria y en primero de bachillerato. La selectividad no desaparecerá hasta el año 2018.

A partir del 3 de septiembre se abren las aulas de nuevo para toda España y una decena de autonomías se niegan a aplicar la Ley Wert en la ESO y Bachillerato. Estas comunidades son las que no están gobernadas por el Partido Popular: Asturias, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra, el País Vasco y Cataluña, conformando el conocido frente anti-Lomce.

Estas regiones se oponen a la reforma educativa, haciendo explícito su propósito de deshacer lo que hizo Wert durante estos últimos cuatro años.

Frente a este grupo anti-Lomce se han quedado en minoría las populares: Galicia, Castilla y León, Murcia, Madrid y La Rioja, que defienden la reforma educativa, aunque con algunas reticencias. En Castilla y León, por ejemplo, dicen que la ley hay que cumplirla, pero admiten que no saben de qué forma lo harán.

Las comunidades autónomas que no quieren implantar la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, han conseguido que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, haya aceptado retirar las reválidas, haciendo que el decreto se prorrogue hasta una toma de decisión sobre lo que hacer con la secundaria en los institutos y colegios.

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial celebrada este mes de agosto, Méndez de Vigo explicó que tras escuchar a las comunidades, se acordó que el único real decreto sobre evaluaciones que se aprobaría en el Consejo de Ministros, es el que afecta a Primaria, es decir, para el sexto curso, el cual entraría en vigor este curso 2015-2016.

Aunque, por otra parte, y desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), opinan que Méndez de Vigo no ha hecho más que “vender humo” porque en el momento en el que se enfrenten los primeros problemas, como las reválidas, “él ya no estará”, según explicó a EXPANSIÓN el presidente de la Confederación, Jesús Salido.

Las reválidas además de condicionar el futuro académico del alumno, suponen un mayor control del Estado en la elaboración curricular de las asignaturas.

Fracaso Escolar

Distintas autonomías alertaron en su última reunión con el Ministerio de Educación de que las tasas de suspensos habían sido demasiado altas.

En Aragón se registraron más de un 30% de suspensos, hasta el 40% en algunos ciclos. En Castilla-La Mancha solo aprobó uno de cada cuatro alumnos en junio (26,6%).

De momento, tanto el ministerio como las comunidades autónomas deben diseñar juntos cómo será el examen al que los estudiantes de estos ciclos deben enfrentarse en junio para obtener el título de la ESO, según los últimos planes del Ministerio de Educación.

Esta última es una opción que les reconoce la ley educativa pero que quedó en suspenso por un año porque las reválidas de secundaria no se aplicarán, en todo caso, hasta un curso después.

Mientras, los centros han probado la última fórmula contra el fracaso escolar, en el que España está a la cola de Europa. La tasa es del 21,9% desde 2014 y ha bajado casi dos puntos en un año. El Gobierno de Rajoy lo achaca a los efectos del primer curso de implantación de la Lomce.

Sin embargo, la oposición replica que no ha dado tiempo a que se noten esos efectos y lo relaciona directamente con que la crisis ha devuelto alumnos a las aulas.

La Formación Profesional básica, un ciclo novedoso que incluye la Lomce contra el fracaso escolar, debía atraer a 60.000 alumnos durante el primer curso, una cifra que, por el contrario, no se alcanzó. Las tasas más bajas de escolarización se registraron en Asturias, Galicia, Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Según el presidente de la Ceapa, separar a los alumnos de Formación Profesional Básica todavía estando en la ESO es un “error”, ya que a pesar de que es una medida para evitar el fracaso escolar, los alumnos “no reciben título, por lo que no tienen una garantía de escolarización”.

Minimizar efectos

Aunque la ley es de “obligado” cumplimiento, tal y como reiteró el ministro Méndez de Vigo, las comunidades autónomas aseguran “minimizar efectos negativos”, para “amortiguar” el impacto de la ley sobre los estudiantes.

Por su parte, el Ministerio de Educación advirtió a las autonomías que “tanto la Lomce como su aplicación están para cumplirse.

En cambio, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, siguiendo su objetivo de frenar la Lomce con los márgenes que ofrece la propia ley, han rescatado la Educación para la Ciudadanía en el espacio para las asignaturas de libre configuración. Además, durante el próximo curso se restará importancia a la asignatura de Religión, que desde que se aprobó la reforma educativa de la Lomce, supone un porcentaje para la nota media, así como para la obtención de la beca.

En este sentido, las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos reiteran que “es necesario que los Consejos Escolares sigan funcionando” para debatir la inclusión de asignaturas, así como evitar que la admisión del alumnado recaiga únicamente sobre el director.

Sin duda, este cambio crea una división en la comunidad educativa. Por un lado, hay quien aplaude que el Gobierno intente homologar la educación en todo el territorio español, donde existen 17 sistemas de enseñanza distintos en función de la comunidad en la que resida el estudiante, pues dichas competencias están traspasadas desde hace años a los gobiernos autonómicos. De esta forma, al final de las etapas educativas los alumnos procedentes de todas partes del país, se examinarán de una misma prueba controlada por el Gobierno central.

Asimismo, la configuración que el Gobierno propone para la Educación Secundaria Obligatoria supone un cambio trascendental para el alumno, que deberá escoger un itinerario de futuro con apenas 15 años, según explican los pedagogos. La secundaria, con la entrada en vigor de la Lomce, estará diseñada en dos ciclos distintos. El primero comprenderá primero, segundo y tercero. El segundo ciclo será el último curso que servirá de preparación a la siguiente etapa que elija el alumno: FP o Bachillerato, cursando enseñanzas aplicadas o enseñanzas académicas.

En esta línea, la Ceapa asegura que esta ley supone una “situación de desigualdad” y asegura que traerá “consecuencias negativas”.

 

PARA ENTENDER LA LOMCE

¿Qué es exactamente la Lomce y quién está detrás de su implantación?

También conocida como la Ley Wert, por el nombre del ministro que la implantó, José Ignacio Wert, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) es una reforma educativa que tiene como objetivo mejorar la educación española y reducir las tasas de abandono escolar temprano. El ministro que se encarga de defenderla actualmente, Íñigo Méndez de Vigo, afirma que es una ley orgánica de “obligado” cumplimiento y que, a pesar de la insistencia de la oposición, no va a modificar ni a retrasar su calendario.

¿Qué asignaturas se estudiarán y con cuántas se repite curso con la entrada en vigor de esta nueva reforma?

El Gobierno fija los contenidos de las materias troncales de pirmaria, secundaria y bachillerato (Biología y Geología, Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas e Idiomas). Para casi todas las demás, las específicas (Educación Física, Plástica y Música, entre otras), el Gobierno establece objetivos y criterios de evaluación y las autonomías deciden el temario concreto. Quedan las materias de libre configuración, que suponen alrededor del 15% del currículo y cuyo contenido depende exclusivamente de las autonomías. Por norma general, en la ESO, sólo se podrá pasar de curso con dos suspensos siempre que no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua.

¿Se podrá escoger entre religión y ciudadanía?

La nota en la asignatura de religión pesa para la media y para pedir una beca. Es optativa con Valores éticos en secundaria, y Educación para la Ciudadanía sale de las previsiones de la Lomce, pero hay algunas comunidades autónomas que la recuperan. Las autonomías eligen el tiempo de clase para las asignaturas (entre una o dos horas semanales). Por otro lado, la Conferencia Episcopal ha mostrado su “preocupación” porque hay comunidades que han reducido la duración de las clases de religión. En bachillerato, sin embargo, la asignatura confesional se deja a libre disposición de las comunidades autónomas o del propio centro educativo, que aún pudiendo ofertarla como optativa, no está obligada a hacerlo.

¿Y desde la entrada en vigor de la Lomce, que pasará con el castellano o el catalán?

La norma prevé que se subvencione plaza en los colegios privados con más clases en castellano para los alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública o concertada. El Ministerio de Educación adelanta el dinero, pero son las comunidades autónomas las que deben costearlo. Esta media, diseñada por el ex ministro José Ignacio Wert, se puede aplicar en todas las comunidades, aunque fue creada específicamente para Cataluña. El ministerio reduce drásticamente en los presupuestos de 2016 la partida con la que se paga la escolarización en castellano para aquellas familias que no encuentren una oferta de este tipo en el sistema educativo público. Los Presupuestos Generales solo destinan un millón de euros para pagar esta enseñanza, frente a los cinco millones que se destinaron en el último ejercicio, lo que supone un 80% menos.

¿Cuáles son los itinerarios que seguirán a partir de ahora los estudiantes?

Los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la Formación Profesional o el Bachillerato en tercero de la ESO, es decir, con 14 años. Asimismo, podrán elegir entre dos niveles distintos de matemáticas. En cuarto, se separarán entre los que quieren continuar con el Bachillerato y los que prefieren la FP, aunque tendrán asignaturas comunes.

¿Habrá que comprar libros de texto nuevos?

Las principales editoriales han publicado nuevos libros adaptados a la reforma educativa, sin embargo, la compra de nuevos libros depende de cada comunidad autónoma y de los centros en particular. Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre sus competencias, reparte 51 millones entre los años 2015 y 2016 a las comunidades autónomas tanto para las familias desfavorecidas como numerosas. Asimismo, muchas de las autonomías del país tienen su propio sistema de ayudas dirigidas a todos los ciudadanos que tengan hijos en edad escolar.