Agustín Ruiz Robledo
Granada Hoy

En estos atribulados tiempos que corren, todos los constitucionalistas hemos sentido la responsabilidad de no defraudar a algún amigo que nos pregunta si se debería reformar la Constitución con la misma convicción con la que se le pregunta a un médico si se debe operar a un pariente enfermo. Pero si la Medicina no es una ciencia exacta, mucho menos lo es el Derecho, por lo que estamos lejos de responder con la certeza que se nos demanda. Es más, si somos sinceros, no pocas veces respondemos partiendo de nuestras propias convicciones ideológicas. Como mucho, nuestra ciencia alcanza a clasificar tres enfermedades:

a) El envejecimiento de algunos artículos, cuya solución técnica es fácil y donde el consenso político no es difícil: cambiar algunas expresiones que han devenido discriminatorias, resaltar la pertenencia a la Unión Europea, incluir nuevos derechos, etcétera.

b) El anquilosamiento del entramado institucional por el excesivo peso de los partidos, en el que podemos distinguir entre unas primeras recetas relativamente fáciles (como abrir los supuestos de iniciativa legislativa popular) y otras posteriores muy difíciles, como cambiar el sistema electoral.

c) La crítica situación del Estado autonómico, respecto a la cual las discrepancias entre los doctores no son menores que entre los políticos. Para su reforma hay casi tantas propuestas como especialistas, que de forma simple se pueden resumir en dos: las que defienden incrementar el poder del Estado y las que se inclinan por aumentar el de las comunidades.

En esta tensión centro-periferia, puede ser conveniente que Madrid dejara de ser la capital de España porque, por una paradoja del Estado autonómico, lo cierto es que la «villa de Madrid», muy lejos ya del «poblachón manchego» de Ortega, tiene hoy un peso en España que no tenía hace treinta años. Así, por sólo reflejar un par de aspectos fácilmente mensurables, mientras en 1980 sus 4.679.696 habitantes eran el 12,43% de la población española, en 2014 sus 6.454.440 habitantes suponían ya el 13,89%. En el mismo periodo, su contribución al Producto Interior Bruto pasaba del 14,76% al 18,67%.

Si una de las grandes técnicas constitucionales para controlar el poder es dividirlo, no es mala idea separar geográficamente los centros económicos de los políticos, como hicieron en el pasado los estados federales de raigambre anglosajona: Estados Unidos, Canadá y Australia. Desde el punto de vista de la integración territorial, cambiar la capital podría tener un efecto positivo no ya por la animadversión contra «Madrid» de los nacionalistas y de no pocos ciudadanos que están cansados de que se les siga etiquetando -ahora sutilmente- como «de provincias», sino porque resituaría a todas las comunidades en un nuevo plano de igualdad más real que el actual. En el plano individual, el hecho de que la sede de las instituciones políticas no esté en la principal ciudad del país acabaría influyendo en la forma de pensar de nuestros políticos nacionales, algo muy decisivo a la hora de interpretar las complejas normas jurídicas que rigen los estados compuestos.

La ciudad que, creo, está en las mejores condiciones para cumplir esa función de integración nacional es Zaragoza, en medio de las dos metrópolis españolas, como en su momento le sucedió a Ottawa y a Canberra en sus respectivos países. La casualidad geográfica hace que no quede lejos del País Vasco y la técnica humana le añade buenas comunicaciones con otras regiones más alejadas, como Andalucía. Pero, además, es la capital histórica del Reino de Aragón, por lo que serviría como símbolo de la creación de un nuevo proyecto nacional, de integración de territorios diversos en igualdad, como en el pasado logró el pactismo aragonés.

Entre las objeciones que se le pueden hacer a esta propuesta, posiblemente el coste económico sea la primera, para cuya evaluación no me siento preparado. Pero sin necesidad de acudir a Keynes y su teoría de aumentar el gasto público en momentos de crisis, aunque sea abriendo y cerrando zanjas, lo cierto es que aparentemente no le ha ido mal a algunos estados que en el pasado reciente han trasladado su capital, como Brasil, Malasia y Alemania. En un momento en el que se plantea refundar el Estado autonómico, podría ser útil que se debatiera el cambio de la capital, como por lo demás está sucediendo en el Reino Unido, donde se discute si sería conveniente trasladar la capital a Manchester, incluso a Glasgow, y así reforzar la unión de Inglaterra y Escocia.