José Cejudo
ABC
Díaz abre en Málaga una ronda de reuniones con alcaldes sobre la Ley de Retracto

La Junta de Andalucía no ha encontrado hasta ahora entre los partidos de la oposición o en los colectivos sociales apoyo expreso alguno a su nueva medida para luchar contra los desahucios, el proyecto de ley de Retracto que le permitirá tener preferencia de compra a los bancos de la vivienda objeto de desalojo en la última fase de la subasta judicial. Más bien todo lo contrario. El PP-A, IU y la Asociación Pro Derechos Humanos se mostraron ayer sumamente críticos con la iniciativa del Gobierno andaluz. Los populares reclamaron al Ejecutivo que impulse urgentemente encuentros con ayuntamientos y diputaciones para abordar la problemática y coordinar actuaciones. La presidenta, Susana Díaz, desveló que las reuniones sobre diferentes asuntos, entre ellos el de los desahucios, estaban previstas desde la semana pasada, y que se abrirán mañana miércoles con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP).

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo rompió el fuego de los reproches y exigió ayer a la Junta que retire el anteproyecto de ley de Retracto, a cuya tramitación dio el visto bueno el viernes el Consejo de Gobierno.

IU, en la pasada legislatura y como socio del PSOE en la Junta, marcó la política en materia de lucha contra los desahucios desde la Consejería de Fomento y Vivienda. Pero los resultados no fueron nada positivos después de que el Gobierno central recurriera sus normativas (un decreto y una ley) y los jueces declararan inconstitucional la parte fundamental del primero de los textos, mientras que el segundo está a la espera de sentencia y podría correr la misma suerte.

Evitar tragedias

Según Maíllo, se ha pasado de una ley que buscaba la función social de la vivienda para «evitar tragedias y dramas», a una ley «que la Junta le dice a la banca tú desahucia que yo pago». Algo que para IU es «una barbaridad».

El también parlamentario de IU pidió que el Consejo de Gobierno retire el anteproyecto de ley y que se inicie una negociación con todos los grupos representados en la Cámara.

«Dinero para la banca e incertidumbre para las personas». Así resume Pro Derechos Humanos la futura Ley de Retracto. Considera que la norma supone, en la práctica, «una financiación directa por parte del Gobierno andaluz a las entidades bancarias».

En un comunicado añade que el anteproyecto «tampoco dice nada de los desahucios por impago de alquiler ni de las miles de familias que ocupan de manera colectiva o individual».

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Dolores López, reclamó a la Junta que impulse urgentemente un encuentro con ayuntamientos y diputaciones para coordinar las políticas antidesahucios. Para los populares, la opción del retracto es una «enmienda a la totalidad» a la Ley de Vivienda que la Administración autonómica aprobó la pasada legislatura.

La intención del PP, aseguró, es poner en valor el papel de las administraciones locales, donde la casuística de los desahucios se conoce «de primera mano», y así evitar que el anuncio de la Junta no se quede «en un titular» en los medios de comunicación.

Tras recordar que durante 2014 uno de cada cuatro desahucios en España se produjo en Andalucía, apunto que en los últimos tiempos la Junta se ha limitado a «vender humo y demagogia» y a asumir compromisos virtuales.

Más casos en 2014

De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios de inmuebles en Andalucía aumentaron durante 2014 un 11,6% respecto al ejercicio anterior y alcanzaron la cifra total de 10.344. El 51,1% de los mismos derivó de ejecuciones hipotecarias. Los practicados en el primer trimestre de este año sumaron 2.857, lo que supone un repunte del 8,5% respecto al mismo periodo de 2014.

«A quien le quitan una vivienda no les están quitando dos o tres habitaciones, sino un proyecto de vida y la dignidad de una familia, y en esa lucha tenemos que ir todos de la mano, arrimando el hombro», manifestó ayer la preswidenta Susana Díaz, y subrayó que este tema no se debería utilizar «como un elemento de confrontación». Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, dijo frente a las críticas de algunos partidos que «no hay «nada de favores» a la banca y señaló que la Junta espera la máxima colaboración de las entidades financieras.

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