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Las universidades pactan no ofertar al menos hasta el curso 2017/2018 las carreras de tres años que defiende el ministro

A los rectores no les gusta la reforma universitaria del ministro José Ignacio Wert y así se lo dejaron claro ayer, de forma pública, al tomar la decisión por amplia mayoría de no ofertar por el momento carreras de tres años.

En una asamblea extraordinaria de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), los representantes de los campus acordaron -con 57 votos a favor, uno en contra y cincoabstenciones- una moratoria para no aplicar al menos hasta el curso 2017/2018 el decreto aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros.

El pacto supone una desautorización de la política universitaria del Gobierno y es una bofetada en plena cara (otra más) al ministro de Educación; dada de forma muy educada, eso sí, y conforme a la legalidad, porque el decreto no obliga a cambiar la duración de los grados y los másteres, sino que simplemente habilita a los campus para que hagan lo que quieran.

Sin embargo, Wert defendió el viernes con mucho entusiasmo las ventajas de su decreto -incluso dijo que iba a suponer «un ahorro de hasta 150 millones de euros para las familias»- y los rectores concluyeron ayer que tienen serias dudas sobre el mismo, al igual que ya han manifestado profesores, estudiantes, padres, partidos de la oposición y autonomías del PSOE y del PP.

¿Encarece o ahorra?

Los rectores intuyen, por ejemplo, que la medida va a suponer un «encarecimiento» de las matrículas -el precio medio del crédito de un grado es de 17,90 euros y el del crédito de un máster es de entre 31,7 y 39,5 euros, según datos del propio Ministerio de Educación- y que puede afectar a «la igualdad de oportunidades» de los estudiantes o a «la calidad académica de los títulos».

Creen que el sistema actual, de grados de cuatro años y másteres de uno (el llamado 4+1) «no está suficientemente evaluado» y por eso prefieren hacer «un análisis» con «tranquilidad», «reflexión», «prudencia» y «cohesión» de lo que puede suponer acortar los grados y flexibilizar la duración de los másteres.

Además, no tienen tan claro que esta «flexibilización» que ha vendido el ministro vaya a conseguir ponernos más cerca de la realidad internacional. «En algunos sistemas educativos europeos se están planteando si tres años son adecuados [Alemania] y en algunos sistemas internacionales la duración de los grados es de cuatro años. Por ejemplo, en las universidades norteamericanas de prestigio son cuatro años», afirmó en rueda de prensa el presidente de la Crue,Manuel López.

«Lo llaman flexibilidad, pero, en realidad, es una desestabilización», sintetizó a este diario el vicepresidente segundo de la Crue y rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez.

El ministro piensa que este modelo nos homologará con los países de la UE, pero los rectores objetan que, a cambio, se perderá la «cohesión del sistema universitario español» si una universidad de Madrid pone, por ejemplo, un grado de Biología de tres años y un campus de Andalucía lo deja en cuatro años.

Por eso, y de forma que puedan abordar el asunto «de una manera cohesionada», los rectores pactaron «que no se iniciara ningún trámite que lleve consigo verificaciones de grados de tres años hasta después de septiembre de 2016» y «que no hubiera grados nuevos de tres años en el curso que empieza en septiembre de 2017».

Excepciones

Lo que ocurre es que este pacto «no es imperativo» y hay dos universidades (de un total de 76 que forman la Crue) que defienden el decreto de Wert y que tienen intención de aplicarlo. Una es laUniversidad Camilo José Cela de Madrid, que fue la única que votó en contra de la moratoria. El rector de este campus privado, Eduardo Nolla, dijo durante la reunión que va a seguir con sus planes de ofertar grados de tres años. «Entiendo que esto produce caos y desorden, pero posponer la decisión a dentro de dos años no ayudará mucho y provocará más caos y desorden. Es un mal momento que hay que pasar y cuanto antes, mejor», dijo a EL MUNDO, y anunció «un grado de tres años en Ciencias de la Comunicación con un año de especialización en radio, televisión o prensa».

Otra es la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su rector,Jaume Casals, explicó a este diario que votó a favor, pero sólo cuando le garantizaron «que iba a poder hacer lo que tenía previsto hacer», esto es, grados en inglés de tres años en Global Studies yBioinformatics para estudiantes internacionales.

«¿Podemos vivir en España programando lo que a cada universidad le parezca mejor o tenemos que estar todos en fila ofreciendo lo mismo? Yo soy partidario de la diversidad, de dar cada uno lo mejor de sí mismo y luego rendir cuentas», manifestó.

Manuel López admitió que podría haber «alguna excepción» a la moratoria y dijo que ésta podría «tratarse en la asamblea de la Crue de manera que podamos entender esta situación». Lo importante era no empañar la imagen de unidad, y alcanzar un consenso lo suficientemente amplio que permitiera lanzarle una auténtica advertencia a Wert comparable a la de mayo de 2012, cuando plantaron al ministro por negarse a debatir los recortes económicos.

Las relaciones entre el ministro y los representantes de las universidades han pasado esta legislatura por grandes baches, desde la polémica de las becas a los cambios en las Erasmus. Fuentes de la Crue expresaban ayer que, en relación a este decreto, «la comunicación con el Ministerio ha sido muy difícil».

El propio presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, reconocía en declaraciones a Canal Sur que Wert tendría que «haber dialogado más». El momento escogido para aprobar esta reforma, a poco de las elecciones, no ha sido nada acertado.

‘Imposición’ y ‘exclusión’Mientras los rectores se reunían, los portavoces de laCoordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) también desautorizaban al ministro José Ignacio Wert y daban una rueda de prensa para decir que «no es cierto» que su decreto «fuera a ahorrar dinero a las familias». Luis Cereijo, presidente de la Creup, puso un ejemplo: «En Madrid, estudiar cuatro años de un grado de Dirección y Administración de Empresas cuesta 6.480 euros y el precio de tres años de grado y un año de máster es de 8.760 euros». Los estudiantes denunciaron la «improvisación», «imposición» y «exclusión» que, en su opinión, supone este decreto e insistieron en la necesidad de tener un sistema universitario «con estabilidad en el tiempo». «No podemos permitir que cada Gobierno modifique su sistema educativo a su antojo», expresaron, y coincidieron con los rectores en que no era muy sensato «cambiar el modelo sin haber evaluado el anterior». Los portavoces parlamentarios de Educación del PSOE, CiU, IU y UPyD vieron «sensata» la moratoria acordada por los rectores, informa Europa Press.

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