Ignacio Camacho
ABC

Ya la tienen fuera de la pista. Un empujoncito más y a la cuneta. Que parezca un accidente; la máquina de la propaganda se encargará de simularlo. Al fin y al cabo fue la propia Alaya quien propició su propio descarrilamiento al pedir el traslado. Con ella al margen no será difícil culminar la operación para aventar sus errores y desacreditar el sumario. Y quedará un mensaje inequívoco, una advertencia para espíritus rebeldes, independientes o cimarrones: el poder del régimen andaluz tiene los brazos muy largos.

Si el Consejo del Poder Judicial no lo impide, y va a ser difícil que lo haga, el caso de los ERE está a punto de quedar desactivado. Apartada la instructora, la Junta tendrá el caso donde quería: en manos de una magistrada suplente, cercana al consejero de Justicia y con consignas de abreviarlo. Ha sido un trabajo tenaz, paciente, meticuloso, afinado. Una tarea de encaje de bolillos, de porfiados manejos entre bambalinas judiciales. Un complejo e inteligente gambito de dama urdido a partir de las equivocaciones estratégicas de Alaya, del inesperado giro provocado por sus contradicciones y sus pasos en falso. La mujer que desafió a la mayor trama de poder de España, que desmontó la más sofisticada red de intereses clientelares, ha cometido fallos de principiante; después de sortear toda clase de presiones y zancadillas ha acabado resbalando con una simple cáscara de plátano.

El desmontaje del sumario está en marcha. Una deconstrucción procesal inspirada en criterios radicalmente opuestos a los de la juez que investigó el fraude y le dio cuerpo al monumental pliego de cargos. La principal idea de la instrucción, que era la de su inescindible unidad jurídica y su integración en un mismo principio acusatorio, va a ser revocada. La causa acabará troceada y con ello deshecha la tesis del delito global institucionalizado. Se aproximan desimputaciones sonadas. Las dimisiones como parlamentarios de los expresidentes formaban parte de un medido cálculo; la renuncia a su aforamiento tenía como fin volver al juzgado original previamente desalojado. La juez Bolaños tiene claras discrepancias con su antecesora respecto a la valoración del procedimiento de subvenciones, ayudas y pólizas de prejubilación. Y está en el aire la consideración esencial del caso como una gigantesca malversación posible sólo a partir de un mecanismo doloso e ilegal urdido ex profeso por el Gobierno autonómico.

En resumen: si se consuma la salida de Alaya, el macroproceso de los ERE sufrirá una reconversión minimizadora, una desestructuración que lo dejará política y penalmente jibarizado. Es posible incluso que a la luz de esa reinterpretación gran parte del dinero repartido quede legalmente visado. Y que algunos imputados acaben exigiendo las disculpas que nadie ha ofrecido aún a los ciudadanos y contribuyentes que sufragaron el desfalco.