Madrid estrecha distancia con Cataluña, la locomotora española. Les siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia

El Gobierno está negociando con las autoridades comunitarias un año más de margen para reducir el déficit público. La relajación de las exigencias del Protocolo de Déficit Excesivo permitirían a España recortar con más facilidad el agujero de las comunidades autónomas, que ha superado en más de 10.000 millones en 2015 el límite previsto por el Ejecutivo central. Aunque España se había comprometido a reducir el déficit al 2,8% durante este año, la intención de Mariano Rajoy es lograr que este ajuste se pueda hacer en 2016 y 2017.

Si las negociaciones que encabezarán Moncloa y los ministerios de Economía y de Hacienda logran su objetivo, el Gobierno tendría más margen de maniobra para reducir el déficit de las comunidades, sobre el que alertaron la semana pasada la Comisión Europea y el propio Banco Central Europeo. El objetivo es que la negociación con las autoridades comunitarias ayude a relajar los ánimos de las comunidades incumplidoras –que han iniciado una rebelión contra el ajuste que les pidió a comienzos de la semana pasada el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, por carta–.

Las conversaciones se acelerarán durante esta misma semana, aunque desde el Ministerio de Economía y Competitividad, los encargados de hacer las negociaciones en Bruselas prefieren no hacer comentarios. El ministro en funciones, Luis de Guindos, tiene previsto presentar el Plan de Estabilidad del Reino de España el próximo 19 de abril en el Congreso de los Diputados y dos días después, el 21 de abril, se cumplen los 15 días en los que las autonomías tienen que aprobar un acuerdo de “no disponibilidad” bajo la amenaza de ser intervenidas por el Ministerio de Hacienda.

No obstante, las cartas que el ministro de Hacienda, Cristobál Montoro, dejan la puerta abierta a que el recorte sea menor a los 8.330 millones previstos por ahora (que en Cataluña podría ascender a 2.940 millones en laa Comunidad Valenciana a 1.560, en Madrid a 1.250, y en Andalucía a 590 millones), ya que Hacienda no exige una cifra concreta sino simplemente que se cumpla con los límites de la UE. Así que una relajación del objetivo de déficit evitaría la revuelta que han iniciado las comunidades, que se han negado a hacer el recorte exigido. Si las CCAA mantienen su rebelión y Bruselas no flexibiliza el objetivo de déficit, Hacienda podría verse obligada a intervenir las comunidades díscolas a pesar de que el Gobierno está en funciones y de que es probable que haya elecciones generales el 26 de junio.

Las CCAA tuvieron un déficit del 1,66% del PIB en 2015, frente al 0,7% exigido por la UE. Por culpa de este desfase y el de la Seguridad Social –que pudo compensarse por el Estado y los ayuntamientos– el déficit ascendió el año pasado al 5% del PIB, frente al 4,2% previsto en el Programa de Estabilidad.

Estela S. Mazo

EXPANSIÓN