Joaquín Aurioles
DIARIO DE SEVILLA

Los enormes privilegios de las comunidades forales (País Vasco y Navarra) frente a los de régimen común (el resto) quedaron de manifiesto en las Cuentas Públicas Territorializadas presentadas por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio. Limitándonos a los ingresos, y puesto que recaudan la totalidad de los impuestos en sus respectivos territorios, la diferencia inicial resulta extraordinariamente elevada. 5.510 euros por habitante en los territorios forales, frente a 2.154 en el resto, aunque se trata de magnitudes que no se pueden comparar sin algunos ajustes previos. Una parte de los ingresos en los territorios forales es entregada al Estado en forma de cupo y aportación a la cobertura del coste de algunos servicios no transferidos. En concreto, 511 euros por habitante. Además, puesto que disfrutan de un mayor nivel de competencias transferidas que las comunidades de régimen común, la comparación debe hacerse descontando previamente el coste de las mismas. En este caso, 847 euros por persona, por lo que, una vez realizados ambos ajustes, la cifra se reduce hasta 4.152. La diferencia es todavía superior al doble de la financiación en el resto (2.049 euros, una vez ajustadas diferencias puntuales en materia de competencias), en Cataluña (2.020) y, desde luego, en Andalucía (1.897), a pesar de que aquí es bastante mayor el deterioro en los indicadores de desempleo, pobreza y cualquier otro que razonablemente debiera computar en la explicación de la asignación final a cada territorio.

La comparación, sin embargo, exige todavía algún ajuste adicional debido a que la presión fiscal en las comunidades forales también es muy inferior a la del resto. En concreto, 428 euros menos para un residente en el País Vasco y 576 para un navarro. El documento del Ministerio lo identifica como indicador de sobreesfuerzo fiscal, dándose la peculiaridad de que sólo en las comunidades forales y en Madrid (45 euros), es decir, en tres de las más ricas, toma signo negativo. Puesto que el sobreesfuerzo en Andalucía es de 52 euros, un contribuyente andaluz medio se ahorraría 628 euros si se traslada a vivir a Pamplona y 480 en Bilbao.

El pacto fiscal con el Estado es, por tanto, un buen negocio y Cataluña uno de los territorios que más podrían beneficiarse. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el sistema actual trata peor a los territorios más desfavorecidos y, en particular, a Andalucía. Los efectos redistributivos del sistema fiscal consiguen cada año que las diferencias en renta por habitante, es decir, en gasto per cápita, entre comunidades autónomas sean mucho más reducidas que en PIB (Producto Interior Bruto) por habitante (que se mantiene como en los años 80), lo que significa que produce efectos sociales beneficiosos, pero también que su contribución a la convergencia regional ha resultado decepcionante hasta el momento. Si las excepcionalidades forales ya suponen una injustificable agresión a la justicia y la cohesión social en España, su ampliación a Cataluña (con más del doble de población) puede suponer una renuncia implícita a que en el futuro se puedan corregir los desequilibrios regionales y Andalucía no puede permanecer al margen de esa negociación.