Editorial

EXPANSIÓN
Las estrecheces de liquidez de las comunidades autónomas han llevado al Gobierno a salir en auxilio de estas administraciones en numerosas ocasiones desde que, al principio de la crisis, perdieron la capacidad, salvo excepciones como Madrid, de financiarse en los mercados de deuda. Desde entonces, el Ministerio de Hacienda ha dispuesto toda una batería de medidas de ayuda financiera como los sucesivos planes de pago a proveedores del sector público, la fijación de objetivos de déficit a la carta a las autonomías incumplidoras, la concesión de créditos de emergencia a través del Fondo de Liquidez Autonómica, la posterior condonación de los intereses de estos préstamos o el otorgamiento de financiación a largo plazo al 0%. Sin embargo, estas iniciativas de carácter paliativo no han servido ni para solucionar los problemas presupuestarios de la mayoría de las comunidades ni ha impedido que se sucedan los incumplimientos de sus límites de déficit público. Por eso, no parece acertado que el Gobierno esté presionando a los bancos para que abaraten al máximo los créditos para cubrir las necesidades financieras de las comunidades autónomas que aún están en el mercado. Cabe recordar que, al contrario de lo esperado por Hacienda, cada vez son más los ejecutivos autonómicos que se desvían de los objetivos de estabilidad: el año pasado, fueron trece las autonomías que se excedieron, en vez de las seis que lo hicieron en 2013. Pese a ello, ocho autonomías incrementaron su gasto público. Y es que la financiación gratuita, si no va acompañada de exigencias presupuestarias, puede ser un estímulo negativo para muchos gobernantes. De ahí que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, encargada de velar por la estabilidad presupuestaria, considere improbable que este año las comunidades puedan volver a la senda de la reducción del déficit y prevé una desviación similar a la registrada el último ejercicio. Un horizonte que preocupa a la Comisión Europea, que la semana pasada volvió a advertir al Gobierno de que, sin nuevos ajustes, España no cumplirá los objetivos de déficit comprometidos para este año y el próximo. Embridar las cuentas de las autonomías no será fácil, aunque el Ejecutivo confía en solventarlo con el nuevo sistema de financiación que se negociará a partir de julio. Convendría no taponar ese agujero con nuevos fondos estatales gracias a la mejora de la recaudación fiscal, sino con un esquema sostenible a futuro que también implique un mayor ajuste de su gasto estructural.
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