Editorial

DIARIO DE ALMERÍA
En algo coincidieron los candidatos del PSOE, Susana Díaz, y del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, durante su agrio enfrentamiento en el debate electoral del pasado lunes: los dos se comprometieron a reducir los impuestos en caso de lograr la mayoría que les permita gobernar la comunidad autónoma durante la próxima legislatura. Hubo discrepancias al concretar la promesa, que Moreno Bonilla reivindicó para sí por haberla propuesto hace meses y Díaz subordinó a la previa devolución por el Gobierno de cierta cantidad recaudada del IRPF a fin de no producir la asfixia de las arcas públicas autonómicas, pero el acuerdo general se mantuvo. Por el contrario, el candidato de IU, Antonio Maíllo, puso el énfasis en el combate contra el fraude fiscal y mantuvo la política tradicional de la coalición en el sentido de gravar más las rentas altas, además de reiterar la iniciativa de imponer un impuesto sobre las grandes superficies comerciales que ya intentó a su paso por el Gobierno bipartito de la Junta. Así pues, las dos formaciones políticas que están en condiciones de hacerse con el poder en Andalucía prometen retocar la fiscalidad de los ciudadanos de esta tierra, que se encuentra entre las más altas de España, junto a las comunidades catalana y asturiana, un fenómeno que coincide con las elevadas tasas de desempleo que padece la región. Lo cierto es que la rebaja en el IRPF que, finalmente, ha puesto en práctica el Gobierno de la nación, tras haberlo subido nada más llegar a la Moncloa, no se ha traducido aquí debido a que el actual Gobierno andaluz no ha reflejado esta reducción en el tramo autonómico del impuesto (que asciende al 50% del gravamen global). A ello hay que unir los fuertes impuestos sobre donaciones y sucesiones, que colocan a Andalucía en peor posición con respecto a otras comunidades autónomas, con efectos como el rechazo de numerosos andaluces a recibir herencias a causa de la alta fiscalidad que sufrirían en caso de aceptarlas. La alta fiscalidad supone, en definitiva, que los ciudadanos gravados ven deteriorados sus rentas y patrimonios, generando así una menor tasa de consumo y también de posible ahorro. Con menos consumo y menos ahorro, la inversión decrece y la economía no repunta. Populares y socialistas parecen ser conscientes de estas verdades elementales de la economía regional y se acercan así a las inquietudes y reivindicaciones de las clases medias y bajas, que constituyen el grueso del electorado del centro sociológico. Es ahí precisamente donde se pueden ganar o perder unas elecciones. Estamos ante un guiño electoral compartido que, a la vez, se corresponde con el interés general de los andaluces.
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