Susana Alcelay
Casi el 30% de las empresas que imparten cursos han tenido que cerrar por la decisión de la Junta de paralizar todas las convocatorias desde 2011

La decisión de la Junta de paralizarlos cursos en Andalucía ha tenido un fuerte impacto en su mercado de trabajo en cuatro años. Más de medio millón de parados se han quedado sin recibir una formación para facilitar la búsqueda de empleo, lo que afectaría a casi el 40% de los desempleados (1,3 millones) que registra la comunidad autónoma que dirige Susana Díaz.

Pero el impacto de no realizar esta formación en la región no se ha ceñido sólo a los parados, también a todos los actores que intervienen en la impartición de esa formación, desde el profesorado, pasando por los gestores y las propias empresas, según refleja un informe elaborado por la patronal de formación en Andalucía (Cecap) al que ha tenido acceso ABC.

Según el balance realizado por esta organización empresarial, desde 2011 deberían haber impartido estos cursos un total de 30.000 docentes, que no lo han hecho, y contratado a 7.000 gestores, que tampoco. El resultado final ha sido la desaparición de casi el 30% de las empresas del sector en una región con una tasa de paro del 32% de la población activa, según refleja la EPA del tercer trimestre.

«En Andalucía la Junta castiga a los desempleados sin formación, no le preocupa la creación de empleo y continúa deteriorando el sector de la formación », asegura Cecap. Recuerda, como ya informó este periódico, que el Gobierno andaluz ha dejado de invertir en cuatro años más de mil millones en formación en la comunidad autónoma más castigada por el desempleo. Una cifra que se corresponde con los fondos asignados y no gastados por su Ejecutivo en cada ejercicio, unos 200 millones. A ellos se unen los recursos destinados desde el Estado que tampoco se han usado en los últimos ejercicios.

Políticas de empleo

El último año liquidado es 2013. En ese ejercicio, el Servicio Público de Empleo Estatal distribuyó 1.342 millones entre las autonomías para pol í ticas activas de empleo. El mayor montante, como sucede año tras año por el alto volumen de desempleo, fue destinado a Andalucía, que recibió 298 millones. Dado que apenas justificó el 24% de los fondos recibidos perdió el 72,30% de l as ayudas públicas transferidas. El Ejecutivo tan solo le pagó 37,4 millones. Es decir, 227 millones menos.

Este ejercicio puede volver a ocurrir lo mismo. A 30 de septiembre, Andalucía ha sido la única región de España que no ha rendido cuentas al Ministerio de Empleo sobre los fondos recibidos por el Estado, según las fuentes consultadas. Y, aunque tiene de plazo hasta el próximo diciembre, todo apunta a que no lo hará, teniendo en cuenta que no ha impartido formación ni el pasado año ni este. En 2014, el último ejercicio dotado económicamente, Empleo distribuyó entre las regiones 1.236 millones de euros y de ellos un total de 271 millones fueron para la región que dirige Díaz.

La política que se sigue en el control de estos fondos obliga a que cada región justifique en qué ha gastado l os recursos públicos recibidos, l o que año t ras año no hace l a región andaluza. En 2014, el año sobre el que las regiones tienen que rendir cuentas ahora, el 40% de los fondos se condicionaron a los resultados obtenidos en la lucha contra el paro y durante este ejercicio esa proporción ascenderá al 60%, es decir, que seis de cada diez euros estarán vinculados a hacer bien las cosas.

Cecap Andalucía avisa en su informe de que una economía productiva necesita formación. «Para ello hace falta crear un entorno de formación eficaz y estimulante.

En Andalucía necesitamos generar talento ya que es el fundamental recurso económico de nuestro tiempo. La formación nos permite adaptarnos a las exigencias del entorno, aumentando así las posibilidades de empleabilidad», asegura la patronal.

Las altas cifras de desempleo que se registran en esta región, con 1,28 personas sin trabajo, evidencian que las políticas de empleo no están funcionando, pese a ser la región española que más fondos recibe del Estado. Para paliar esta fracaso, la Junta de Andalucía ha decidido volcarse en el empleo público. Para el ejercicio próximo la Administración andaluza ha convocado 7.100 plazas, 2.200 de ellas destinadas a docentes.

Investigaciones abiertas

En las investigaciones abiertas por la Justicia es en lo quesees cu dala Junta para justificar la parálisis de los cursos, que se ha comprometido a reactivar en 2016, con una partida ya consignada en los Presupuestos de 207 millones.

Los escándalos de la formación salpican a Andalucía desde 2008. Pero en abril de 2014 la Policía destapó un millonario fraude de los cursos para parados en torno a las empresas que recibieron ayudas con compromiso de contratación de los alumnos participantes.

La operación Edu contra una red de empresas «caza-subvenciones» se extendió por todas las provincias andaluzas y acumula causas abiertas en 18 juzgados. La juez Mercedes Alaya inició unas diligencias tras advertir en un auto que el Gobierno andaluz había entregado 950 millones de euros en subvenciones a la formación desde 2008 que están sin justificar gracias a las exoneraciones masivas. Tres exconsejeros andaluces de Empleo, responsables de la gestión de estos fondos, Antonio Fernández García, Antonio Ávila y Manuel Recio, están imputados en la causa contra el fraude de la formación.