DIARIO DE SEVILLA

El nuevo régimen de ayudas al estudio que se implantó en el curso 2012/2013 ha supuesto una caída media de 700 euros anuales por becarios
Los universitarios andaluces han perdido 50 millones en becas a causa de los recortes y el nuevo régimen de ayudas al estudio. El importe global de las becas generales del Ministerio de Educación durante el curso 2011/2012 fue de 261,7 millones de euros. De esa cifra se ha pasado a 213,3 millones. Cada becario ha perdido de media cerca de 700 euros, aunque el grueso del ajuste lo han tenido que afrontar los estudiantes con economías más humildes. El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ya llamó la atención el año pasado sobre la magnitud del recorte que alcanza en esta institución académica los 13,7 millones. La cuantía media de las becas que recibieron el año pasado los alumnos sevillanos fue de 2.644 euros (16.910 becarios y un presupuesto global de 44,7 millones), frente a los 3.535 euros por becario de 2011/2012. La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Granada, Rosa García, admite que la suma de los diferentes conceptos que componían las becas del curso 2011/2012 ascendía a algo más de 66 millones de euros. Los 16.572 becarios granadinos recibieron de media 3.986 euros (incluida la parte correspondiente a las tasas académicas). El año pasado, este importe bajó a 3.039 euros (-23%). La Universidad de Jaén mantiene bajo la lupa la evolución de las ayudas al estudio desde mediados de los años 90. Los datos son elocuentes: nunca hubo tantos becarios, pero el importe medio ha caído hasta ser idéntico al de hace una década. La cifra de alumnos con ayudas del Ministerio de Educación en los últimos tres cursos en esta institución oscila entre 5.169 y 5.329, cuando antes de la crisis no llegaban a 4.000. Sin embargo, el importe global se ha reducido en 4,8 millones de euros (-24%), al pasar de los 19,9 millones del curso 2011/2012 a los 15,1 millones del pasado. En este periodo la cuantía media por becario jiennenses ha sufrido un tajo de mil euros (desde los 3.864 euros a 2.836 euros, -26%). El retroceso en la Universidad de Málaga ha sido de cinco millones en un panorama muy similar: 1.000 becarios más y 600 euros menos de media por estudiante. La variación entre unas universidades y otras depende fundamentalmente del número de estudiantes de economía humilde que estudia en sus aulas y de la cifra de alumnos que se ven obligados a vivir fuera del domicilio familiar durante el curso, porque son los conceptos vinculados a la renta y la residencia los que han soportado el grueso del ajuste. El importe de las becas destinadas a cubrir la matrícula no ha sufrido demasiados desbarajustes en este periodo. Hay universidades como la de Málaga donde la partida correspondiente a la exención de tasas no solo no ha bajado, sino que ha subido ligeramente, aunque en otras como la de Almería sí se aprecia una ligera caída en las ayudas por este concepto, al pasar de 3,4 a 3,2 millones . La evolución de las becas se ha elaborado teniendo en cuenta los datos correspondientes el curso 2011/2012, o sea el ejercicio previo a la reforma. Además, ése fue el periodo en el que se registraron las ayudas más significativas. El año siguiente se produjo una primera caída, tendencia que se mantuvo el curso pasado, hasta experimentar un descenso acumulado de 48,4 millones. Este curso todavía no está cerrado. El Ministerio de Educación tiene pendiente liquidar y abonar la última parte de la beca variable, de ahí que las nueve universidades andaluzas consultadas hayan sido cautas al facilitar los datos. No obstante, si se tiene en cuenta la parte fija de las ayudas se aprecian algunos indicios que permiten aventurar un ligero retraimiento en los importes respecto al año pasado, mientras la cifra de becarios ha subido hasta cerca de 76.000 becarios. Por ejemplo, en la Universidad de Almería los importes fijos vinculados a renta y residencia, previstos para compensar alumnos de muy bajos recursos (hasta 13.909 euros anuales brutos para una familia de cuatro miembros) o que viven fuera del domicilio habitual durante el curso (con ingresos que no superen los 36.421 en el caso de una familia de cuatro miembros) han experimentado un retroceso total próximo a los 200.000 euros, mientras que en la Universidad de Córdoba la primera partida ha aumentado en 82.500 euros y la segunda ha caído en 64.500. El panorama que se registra en la Universidad Pablo de Olavide es similar, puesto que las sumas globales correspondientes a la beca fija vinculada a residencia ha bajado 36.000 euros, pero la que compensa la residencia ha aumentado en 6.000 euros. El nuevo escenario de becas se rige por una mayor exigencia académica (6,5 de media para acceder a ayudas vinculadas a renta y residencia o todo aprobado) y asignaciones económicas que dependen del número de becarios y de la cantidad establecida para este fin en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, hasta el curso 2012/213 los estudiantes que cumplían requisitos económicos y académicos (aprobado con cinco) tenían garantizados los importes de sus ayudas. Por ejemplo, los alumnos de familias más modestas obligados a vivir fuera del domicilio durante el curso obtenían 6.000 euros. Estos mismos estudiantes en la actualidad tienen garantizados 3.000 euros por renta y residencia. El resto de la beca es variable y depende de su expediente, de la nota media de los becarios de su área de conocimiento y del dinero disponible después de abonar la parte fija. El resultado es que la beca de esos mismos alumnos de bajos recursos que estudian fuera del domicilio se sitúa ahora en torno a los 4.700 euros. Tres exámenes de tipo test con 350 preguntas en total serán la puerta de acceso a los títulos de secundaria y bachillerato a partir de 2017. El Ministerio de Educación presentó en abril a las comunidades autónomas el proyecto de real decreto en el que regulan las evaluaciones que se realizarán a los estudiantes al final de cada ciclo educativo. Salvo en educación primaria, etapa en la que las pruebas servirá de termómetro para medir el nivel educativo de los niños en cada centro y poder adoptar medidas correctivas, se plantea que estas evaluaciones sean un requisito esencial para acceder a las titulaciones oficiales y a la universidad. De acuerdo con el proyecto del Gobierno, las pruebas tanto para secundaria como bachillerato constarán de un primer examen de 200 preguntas referidas a cuatro asignaturas troncales. El segundo incluirá 150 preguntas de dos asignaturas troncales y optativas. La tercera prueba tendrá 50 cuestiones de las materias específicas que haya estudiado el alumno, salvo Educación Física, Religión o su alternativa. Para presentarse a la evaluación final los estudiantes de bachillerato tienen que tener aprobadas todas las materias sin excepción, mientras que los de secundaria podrán someterse al examen con dos suspensos siempre y cuando no sean ambos Matemáticas y Lengua. Una vez superadas las tres pruebas con al menos cinco puntos sobre 10, se calcula la nota final teniendo en cuenta que las calificaciones de la ESO pesarán un 70% y la evaluación final un 30%. En el caso del bachillerato, las notas de los dos cursos anteriores supondrán el 60% del expediente y la prueba final el 40%. Los exámenes tipo test, con cuatro respuestas posibles, pretenden evaluar las competencias en comunicación lingüística, incluido un idioma extranjero. El proyecto de real decreto deja la puerta abierta a que se evalúe la comprensión y expresión oral, aunque no será obligatorio. También tratan de valorar las competencias matemáticas, conocimientos en ciencia y tecnología y habilidades sociales y cívicas, con especial énfasis «el sentido iniciativa y espíritu emprendedor». El Ministerio de Educación se reserva la competencia para confeccionar los exámenes que serán corregidos por profesores sin relación con los centros a los que pertenecen los alumnos que evalúan. Los criterios de selección de este profesorado también queda a criterio del departamento que dirige José Ignacio Wert. El Gobierno tiene previsto que se apliquen los cambios que recoge el proyecto de real decreto en el curso 2016/2017. Es decir, las primeras reválidas de ESO y bachillerato se realizarán al final de ese curso. En el caso de secundaria se hará una única convocatoria que no tendrá efectos académicos ese año. Es decir, los estudiantes que suspendan las pruebas finales pero hayan aprobado cuarto de ESO podrán acceder a su título, circunstancia que ya no ocurrirá los cursos siguientes. En bachillerato, en 2017 se realizarán dos convocatorias. La evaluación final, con carácter excepcional, no será necesario superarla en esta ocasión para lograr el título de bachillerato pero sí para acceder a la universidad. A partir de ese momento la Selectividad desaparece. A partir de ahí la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) da vía libre a las universidades para que establezcan sistemas complementarios para seleccionar a los alumnos que llegan a sus aulas. Es decir, cabe la posibilidad de que fijen los procedimientos de admisión de acuerdo con las notas finales del bachillerato, si bien, pueden articular sistemas adicionales, nunca alternativos, para valorar las materias cursadas en el bachillerato en relación con la titulación a la que aspiran, las calificaciones obtenidas en esas materias, la formación académica o la profesional complementaria y estudios superiores realizados con anterioridad. Solo de forma excepcional, de acuerdo con el artículo 38 de la Lomce, las universidades podrán fijar evaluaciones específicas para valorar conocimientos o competencias y cribar a los estudiantes de nuevo ingreso. En cualquier caso, la nota final de bachillerato tiene que representar al menos 60% de la calificación que se utilice para seleccionar a los alumnos.
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