Los empresarios quieren eliminar los límites al contrato temporal, la obligación de convertirlo en indefinido y suprimir el periodo de prueba

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, dijo el martes que “está claro que la digitalización y también el empleo…el empleo fijo, seguro, aquel que teníamos, es un concepto del siglo XIX, en el XXI habrá que ganárselo todos los días”. Rosell no hablaba a humo de pajas. De hecho, la patronal va a pedir al futuro Gobierno que prepare el terreno para un trabajo más flexible y más barato que ahora.

En sus Propuestas laborales para el crecimiento de la economía española, CEOE pide carta blanca para las empresas para dar toda la flexibilidad posible a la contratación temporal. Así, y entre otras cosas, la patronal propone “eliminar” el límite de tres años de duración para el contrato por obra o servicios determinado, y “permitir cuantas prórrogas sean precisas en el contrato eventual”. O, incluso, a través de la negociación colectiva, establecer un contrato eventual de 3 a 5 años de duración, “ligado al ciclo de vida del producto o servicio”, mientras la tasa de desempleo en España sea superior al 15% de la población activa.

Dentro del convenio también, los empresarios plantean determinar las causas generales que “justificarían la contratación temporal, de forma que no sea preciso acreditarla en cada caso individual”. Es decir que, en cada caso, se “presumirían que concurren las causas de dicha temporalidad”.

Temporal e indefinido

Otra alternativa que plantea CEOE en este terreno es suprimir la obligación de la empresa de convertir un contrato temporal en indefinido cuando el trabajador haya superado los dos años de eventualidad, dentro de un periodo máximo de dos años y medio en la empresa, mediante dos o más contratos temporales. Es decir, un trabajo temporal sin límite.

En último caso, la patronal pide que se simplifique la conversión del contrato temporal en indefinido. Explica en el documento su defensa de las diferentes propuestas de contrato temporal “como fórmula de gestión flexible de personal y válvula de escape a la rigidez y conflictividad de la extinción/modificación de los contratos indefinidos”. Todo ello “pese a que las empresas son conscientes de las ventajas de contar con plantillas estables y formadas”.

En este contexto, los empresarios llaman al futuro Gobierno a distinguir entre distintos modelos de empleo temporal: “El necesario, que debe preservarse para mantener una adecuada gestión empresarial”. Además, el trabajo temporal, “que no es estrictamente necesario, pero sí ajustado a la normativa, que debería poder canalizarse hacia otras fórmulas que ofrezcan más estabilidad, pero preservando la capacidad de adaptación de las empresas”. No obstante, pese al riesgo de malas prácticas en este tipo de contrato, “alerta de la temporalidad abusiva o fraudulenta, que sin duda es rechazable”.

Relacionado con el empleo temporal, la patronal plantea “eliminar o aumentar los periodos máximos legales del periodo de prueba [del contrato]”. Con carácter general, el Estatuto de los Trabajadores establece los siguientes periodos de prueba, si no se han pactado en convenio: no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco empleados el periodo de prueba no podrá superar tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

Incluso, la CEOE pretende “mayor seguridad” para el empresario en alargar el periodo de prueba cuanto estime necesario y, por tanto, la temporalidad del empleo. Por eso, CEOE quiere que el periodo de prueba dure hasta garantizar “la adecuación del trabajador a la demanda de sus cualificaciones en la organización de la empresa”. Un criterio que estimula la arbitrariedad del empleador en esta cuestión.

Pese a éstas y otras propuestas que chocan claramente con los sindicatos, la patronal “apuesta claramente por el diálogo social para su implementación en el ámbito de la negociación colectiva y los acuerdos, en todos los niveles y ámbitos”. CEOE planteará al próximo Gobierno que si quiere prolongar la recuperación de la economía y la creación de empleo, después de las “importantes” reformas de la legislatura pasada, “es imprescindible que la legislación española se mueva en una doble línea: seguridad jurídica y flexibilidad”.

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