Manuel Pelaez
ABC
Presión fiscal, burocracia, paro y falta de reformas lastran el crecimiento económico de una región que avanza a ritmo más lento que el resto de España

El peso desmesurado de la burocracia y la presión fiscal pueden ser el gran lastre para el crecimiento andaluz, según el barómetro elaborado por ABC y PwC con la opinión de un centenar de directivos. En paralelo, los analistas aluden a la falta de reformas profundas durante la crisis y a la elevada tasa de paro como factores negativos para el futuro desarrollo económico. Tales son los cuatro grandes escollos que la región afronta en los próximos años.

Burocracia aplastante

Los problemas de la administración española -maraña legal, absurdos requisitos administrativos, insoportables plazos de espera, costes innecesarios para el cumplimiento de la regulación -son bien conocidos. Pero lo más desalentador es que no existe propósito de enmienda en la Junta de Andalucía para mitigar este problema. «Las medidas de simplificación que se han puesto en marcha hasta el momento son insuficientes», afirma Eduardo Gamero, profesor de Derecho Administrativo de la UPO, quien cree que no existe voluntad política real para solucionar el sobredimensionamiento que ha adquirido la regulación.

El primer escollo es la confusión normativa. «El ordenamiento jurídico autonómico y local crece exponencialmente y se añade al estatal, lo que genera un ovillo regulatorio difícil de identificar y entender». Y esto se agrava a medida que las normas se van modificando. Gamero reclama, al menos, que se publiquen las normas vigentes en una plataforma sencilla de consultar y, además hacer una depuración suprimiendo las que sean ineficaces. Si es difícil conocer la normativa, más complejo (y caro) es cumplirla. «Se puede reducir drásticamente la documentación requerida (muchos de los documentos son superfluos) o sustituirse por declaraciones responsables».

Hay pocas esperanzas de que este problema se solucione. La Junta ha aprobado una ley para reducir las trabas que sufren las empresas. Sin embargo, esta norma es insuficiente. «El exceso de burocracia requiere iniciativas más profundas y efectivas», recuerda Gamero. El principal defecto de la ley andaluza radica en el hecho de que el encargado de simplificar las trabas es la Agencia de Defensa de la Competencia. «Es una entidad inadecuada, ya que tiene carácter sectorial, no transversal, y carece de preenminencia jerárquica sobre la organización respecto de la cual ejerce sus funciones». A esto se le suma que «es un órgano con funciones de control, pero que no puede actuar como motor ni revulsivo de políticas de simplificación administrativa; carece de poderes ejecutivos y de los medios humanos necesarios».

Presión fiscal

Para Leonardo Neri, socio Tributario del bufete sevillano Montero Aramburu, el nivel impositivo de Andalucía es tal que «crea un mecanismo mental pernicioso en la sociedad, pues el ciudadano piensa que no merece la pena hacer un esfuerzo por mejorar la renta». Son numerosos los experos que están denunciando la brecha que se ha abierto en los últimos años entre Andalucía y otras comunidades españolas como Madrid o La Rioja. Según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf Regaf), una renta de 45.000 euros anuales paga 10.090 euros de IRPF en Madrid y 10.337 en Andalucía (247 euros más). A partir de ingresos de 100.000 euros, un andaluz abona 40.813 euros (1.000 euros más que un madrileño); y si su salario es de 300.000 euros, abonará 10.000 euros más que un habitante de la capital. Esta situación es especialmente grave en el impuesto sobre sucesiones, ya que hay comunidades en las que prácticamente se ha suprimido.

Esto de hecho, está provocando una fuga de sociedades mercantiles y patrimonios de Andalucía. «Con tales diferencias, en los casos donde se puede trasladar la sede es lógico que se planteen deslocalizaciones y aquellos empresarios que están a caballo entre Madrid y Sevilla focalizan sus intereses económicos en la capital», apunta Neri, que añade que existe «un flojo constante desde 2010 de rentas alas y grandes patrimonios que se trasladan a Madrid».

Y no solo se trata de las empresa soy patrimonios que se marchan, sino de los que dejan de venir. «Los impuestos son un coste como otro cualquiera, así que cuando un empresario estudia hacer una inversión en España analiza el impacto que esto puede tener y en ese aspecto no somos competitivos», remarca Neri.

Paro

De las 272 regiones que conforman actualmente la UE, Andalucía posee el triste título de ser la que tiene la más elevada tasa de desempleo. La comunidad encabezó en 2014 el ranking que elabora Eurostat con un 34,8% de la población activa en paro, seguida de otras cuatro autonomías españolas: Canarias (32,4%), Ceuta (31,9%), Extremadura (29,8%) y Castilla-La Mancha (29%). Si atendemos a las previsiones de los economistas, Andalucía tiene muchas posibilidades de revalidar la primera plaza del ranking del paro en Europa también en 2015. Este año (según las estimaciones de Unicaja) el PIB regional crecerá un 2,8%. Aun así, esto tendrá una repercusión limitada en el empleo, que al final del ejercicio será del 33%. Esta cifra seguirá siendo la mayor de las 272 regiones de la UE. Es un problema estructural que responde a una economía dependiente de la agricultura, la construcción, la hostelería y el comercio minorista.

¿Se puede volver a los niveles de 2007, cuando la tasa de paro era del 17%? «Antes para crear empleo hacía falta un crecimiento del PIB del 3%, ahora un alza del 1,7% como el de 2014 se traslada directamente al mercado laboral y el motivo hay que buscarlo en la reforma laboral», indica José Ignacio García Pérez, director de la Cártedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, pero «en la mayoría de los casos es empleo temporal o a tiempo parcial y con salarios bajos». Con esta nueva realidad, «la tasas del paro en Andalucía bajará del 30% cuando comencemos a crecer más del 2,5% de forma sostenible».

En cualquier caso, «la mitad de los parados andaluces tendrá difícil entrar en el mercado laboral porque son trabajadores del sector de la construcción que perdieron su empleo hace seis años y no tienen los conocimientos necesarios para incorporarse en nuevas empresas», indica el experto. Para García Pérez hay que impulsar soluciones como la formación dual «que se cualifiquen y aprendan en el seno de las empresas». La dificultad de este sistema es que «hay que hacerlo en niveles micro, en empresas de 20 trabajadores con capacidad de formar a dos empleados, como ocurre en Alemania con gran éxito.

Falta de reformas

La recesión ha desencadenado la época más inestable de la política andaluza, con dos cambios inesperados en loa presidencia y continuos relevos en el Gobierno motivados por las propias luchas internas en el PSOE. La falta de reformas en Andalucía ha sido otro lastre para la región.

Si la recesión afectaba principalmente al sector de la construcción, era necesaria una hoja de ruta en la Consejería de Fomento para reordenar pagos a empresas o reprogramar rápidamente las obras en marcha. Nada de esto ocurrió. Entre 2008 y 2015 se han sucedido hasta ocho cambios en esta consejería. Esta falta de estabilidad ha estado agravada por planteamientos encontrados de los propios consejeros. Igual de grave ha sido la situación en la Consejería de economía e Innovación. Entre 2008 y 2015 han desfilado cuatro consejeros que han sido incapaces de remodelar el sistema de financiación a empresas con fondos europeo (atosigados por el caso ERE, no han redefinido vehículos como la Agencia Idea o Invercaria, vitales para gestionar fondos comunitarios). Por el momento, no se ha cumplido la promesa de Susana Díaz de reordenar bajo criterios de eficiencia y eficacia el abultado sector público, compuesto según el criterio legal por 102 entes. La auditoría de este entramado prometida por la presidenta Susana Díaz no se ha finalizado.