Ingenian «fórmulas amables» con las que esquivan el desgaste de imagen y la judicialización que implican los ERE

Los años críticos de la crisis ya quedaron atrás, pero la gran empresa y las entidades financieras siguen apretándose el cinturón para mejorar sus cuentas de resultados en un momento en el que es complicado generar ingresos con los tipos de interés en terreno negativo. Ajustar plantillas vuelve a ser la salida que buscan las empresas para ahorrar costes laborales y con ello ganar competitividad ahora que la incertidumbre política se ha vuelto una seria amenaza para la inversión y el empleo en España.

Aunque los fines son los mismos, las herramientas utilizadas son muy distintas de las que se aplicaron durante los seis años de crisis y se llevaron por delante más de tres millones de puestos de trabajo. El objetivo ahora es lograr un ahorro en costes laborales similar al que se habría conseguido con un despido colectivo, pero con fórmulas «amables», voluntarias y pactadas que afectan a los trabajadores de más edad y que no implican ni el desgaste de imagen ni los problemas legales que llevan aparejados las regulaciones colectivas de empleo, los temidos ERE.

Telefónica, El Corte Inglés, Banco Santander, Caixabank, Repsol, Orange, Coca-Cola Iberian y Sacyr. Todas han diseñado fórmulas «ad hoc», bajas voluntarias en todos los casos, alguna innovadora, como la que se está aplicando en la compañía que dirige José María Álvarez-Pallete, que permite al trabajador que se acoja al plan de bajas seguir vinculado a la empresa. En conjunto, todos estos planes de ajuste de plantilla afectarán a casi 11.000 trabajadores

Telefónica busca un recorte de plantilla de hasta 6.000 trabajadores con su nuevo «plan de suspensión individual de la relación laboral», una fórmula que ya está en marcha y que permitirá a los empleados mayores de 53 años que se apunten al plan cobrar el 68% de su salario sin necesidad de ir a trabajar, manteniendo su relación contractual y todas las cotizaciones sociales hasta la edad de jubilación.

La compañía ha evitado recurrir al despido colectivo, lo que implica en estos casos la judicialización del proceso, tener que justificar las causas y, en el caso de Telefónica, además, tener que hacer frente a la enmienda que lleva su nombre, la «enmienda Telefónica». Una norma que obliga a realizar aportaciones al Tesoro a las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores que planteen despidos colectivos, como es su caso —en 2015 obtuvo un beneficio neto de 2.745 millones—.

Esta enmienda fue aprobada en 2011 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el operador de telecomunicaciones anunciara un ERE para 6.500 trabajadores, el 20% de la plantilla, con entonces 10.000 millones de ganancias.

Lo mismo ocurre con El Corte Inglés. Sus beneficios en el último ejercicio fiscal (2014) fueron de 118 millones netos. La compañía que preside Dimas Gimeno ha ofrecido el 70% del salario a los trabajadores mayores de 58 años. Como requisito reclama que tengan 15 años de antigüedad y más de 35 años de cotización. Su objetivo era que unos 1.400 trabajadores se acogieran a ese plan, cifra que ha llegado hasta los 2.000, según anunciaron los sindicatos.

Banco Santander también planea reducir su plantilla en España en torno a un 5%, lo que equivaldría a un máximo de 1.200 personas, en el marco de la reestructuración que tiene en marcha, que también prevé el cierre de unas 450 oficinas. El planteamiento de la entidad es ejecutar esas bajas en la plantilla con medidas no traumáticas, es decir, con prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones, como ya ha hecho en ocasiones anteriores. Es el método por el que en 2013, para absorber su filial Banesto, redujo su plantilla en más de 1.600 empleados.

Pactos en la banca

Caixabank también ha pactado un recorte voluntario de plantilla con los sindicatos. La entidad ha llegado a un acuerdo para realizar hasta 484 bajas voluntarias incentivadas entre los empleados que este año cumplen 58 años o más. El acuerdo contempla un complemento del 75% de la retribución bruta anual durante cinco años, con una revalorización anual del 1% de la retribución y de la aportación al plan de pensiones de los empleados y financiación del convenio especial con la Seguridad Social para que los trabajadores que ahora abandonen la entidad sigan cotizando y se puedan jubilar cuando lleguen a los 63 o 64 años.

Repsol es otra compañia que ha anunciado reducciones de empleo. La petrolera registró pérdidas de 1.227 millones en 2015 y anunció el recorte de un 6% de su plantilla mundial entre 2016 y 2018, lo que afectará a 1.500 empleados, 750 en España. En este caso las bajas no serán traumáticas tampoco. La compañía garantiza un 82% del salario neto del trabajador hasta su edad de jubilación. Están afectados los empleados mayores de 57 años.

Primera decisión de Slim

Las constructoras FCC y Sacyr ha optado por despidos colectivos. En el caso a la primera, apenas un día después de cerrar la ampliación de capital que dio el control del grupo a Carlos Slim, presentó un ERE. La primera gran decisión con el magnate mexicano al mando afectará a 750 trabajadores de la división de construcción en España. Otra constructora, Sacyr, recortará su plantilla en 273 trabajadores también con un despido colectivo que aplicará a trabajadores de más de 58 años.

Orange España también se ha decantado por «fórmulas amables». La filial del grupo galo de telecomunicaciones ha cerrado definitivamente su expediente de regulación de empleo voluntario, planteado tras la adquisición de Jazztel, al que se han apuntado 435 trabajadores, 61 menos sobre el objetivo de 496 bajas que se marcó la empresa. Por ello, la operadora ha decidido ampliar el plazo para el plan de prejubilaciones hasta el 31 de diciembre de 2017.

Más discreto es el plan de bajas voluntarias de Coca-Cola Iberian. La embotelladora de Coca-Cola España ha propuesto a los representantes de los trabajadores un plan de bajas incentivadas que, en principio, afectaría a 120 empleados. La empresa llevó adelante un despido colectivo recientemente que afectó a 821 trabajadores y fue anulado por el Tribunal Supremo.

El anuncio de estas reducciones de empleo se produce en un momento en el que, como ya informó ABC, algunas empresas están realizando reestructuraciones de sus plantillas ante el temor a que se produzcan cambios en la regulación laboral en los próximos meses.

Despachos de abogados, directores de recursos humanos y fuentes conocedoras de estos procesos aseguraron entonces a este periódico que a partir de las elecciones del pasado 20 de diciembre se estaban preparando una avalancha de ERE, despidos individuales, prejubilaciones y modificaciones de condiciones laborales de empresas que tenían pensado realizar cambios en sus plantillas en el medio plazo y que han decidido adelantar sus decisiones ante la incertidumbre política y ante la posibilidad de que se retoque o derogue la reforma laboral, como ha avanzado el PSOE.

ABC