El Ministerio de Empleo espera producir un ahorro de 700 millones en las empresas

Las empresas ya no tendrán que tener el libro de visitas de la Inspección de Trabajo, en virtud de la Orden Ministerial de Empleo y Seguridad Social, publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado. Con ello, el Ministerio espera producir a las empresas un ahorro de 700 millones de euros por la eliminación de trámites burocráticos. La orden desarrolla este aspecto de la Ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2015.

Hasta ahora, las empresas tenían que mantener un libro de visitas de la Inspección de Trabajo para anotar las incidencias de la actuación de cada funcionario. Por ejemplo, sobre aspectos de prevención de riesgos laborales o el cumplimiento de la normativa laboral.

Prácticamente, el libro de visitas está vinculado a la creación de la Inspección de Trabajo, en 1906, cuando el entonces Ministerio de la Gobernación obligaba a todos los establecimientos a tener el citado documento.

El Ejecutivo ya empezó en 2013 a reducir este trámite para las empresas en la ley de apoyo a los emprendedores. Sustituyó el tradicional documento de papel por un libro de visitas electrónico. El objetivo era reducir obstáculos burocráticos a los trabajadores autónomos. Ahora, el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social lo extiende a todas las empresas. A partir de ahora, será el inspector de trabajo -la administración- el único que esté obligado a registrar la visita y sus incidencias. “Utilizando libros electrónicos y sin que ello suponga imponer a las empresas obligación alguna para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias”.

“Se extenderá una diligencia por cada visita o comprobación, reflejando las materias o aspectos examinados y demás incidencias concurrentes, que deberá ser conservada por un plazo de cinco años”, dice la orden ministerial. Lo curioso es que hasta ahora el inspector podía pedir a la empresa el libro de visitas con el fin de conocer qué trámites había hecho la propia administración en la empresa. Toda una paradoja que no tiene sentido en la era de la informática. El Gobierno estima que, en conjunto, con la reducción de esta tramitación, las empresas ahorrarán 700 millones de euros.

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