Bernat García
EXPANSIÓN
Crecen las presiones políticas sobre los “privilegios” forales. El PNV responde: “es el último punto de sutura con España”

El modelo de financiación debe renovarse, en teoría, en la próxima legislatura, pero las posiciones enfrentadas de las comunidades autónomas hacen muy difícil un futuro consenso. Uno de los pocos puntos en común de los barones regionales hace referencia precisamente a un elemento externo al sistema: el régimen foral de País Vasco y Navarro. Los dos territorios deberán enfrentarse a partir del año que viene a una presión sin precedentes para que, la primera y la tercera autonomía más ricas de España en renta per cápita, empiecen a aportar a la solidaridad territorial.

Un informe del Ministerio de Hacienda, que recopila las opiniones sobre el actual modelo de financiación de todas las autonomías, destaca que existe cierto consenso en lo que algunas consideran “privilegios financieros” de los territorios forales. Tanto País Vasco como Navarra “cuentan con menores niveles de presión fiscal, con mayores competencias normativas y de gestión” y “unos niveles de financiación muy superiores a los de las CCAA de régimen común”, y reclaman que estas comunidades “deberían participar de alguna forma en los mecanismos de solidaridad con el conjunto de comunidades autónomas”, indica el texto al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

En esta línea se posicionan, por ejemplo, Aragón, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Castilla y León, Madrid y Murcia, quienes abogan “por la interrelación entre los distintos sistemas, de forma que las comunidades forales estén sujetas a los mismos criterios de nivelación que los establecidos” en el modelo de régimen común.

La presión crece, pero no solo por parte de los barones territoriales. También en el ámbito político se comienza a incidir en la falta de solidaridad del modelo. La defensa que hizo primigeniamente UPyD se extiende por los partidos mayoritarios. Ciudadanos ha abanderado la reivindicación de recalcular el cupo vasco y el convenio navarro para que exista aportación en concepto de solidaridad al sistema. Y el PSOE también ha abordado este asunto. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, advirtió hace unas semanas de la necesidad de actualizar y ajustar el modelo foral. Días después, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, hacía hincapié en la necesidad de “modular” el cupo para evitar “privilegios entre territorios”. Ayer mismo, su homólogo valenciano, Ximo Puig, reincidió.

Las críticas al concierto económico y al sistema del cupo provocaron reacciones inmediatas en el mundo político del País Vasco. El Ejecutivo vasco y el PNV –que han mantenido un discurso muy moderado ante el conflicto en Cataluña- denunciaron una campaña “perfectamente organizada” para deslegitimar el sistema foral. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, reclamó que sacar este asunto “del debate político y electoral. Mientras, el secretario de la ejecutiva del PNV, Koldo Mediavilla, fue más allá y advirtió que el Concierto Económico es el “último punto de sutura” entre Euskadi y el Estado. “Si se rompe, quedamos libres todos”, avisó, informa Marian Fuentesdesde Bilbao.

Desde las autonomías críticas con el modelo sostienen que no es necesario retirar los derechos forales, sino solo actualizar la fórmula que los regula, algo que no ha ocurrido en los últimos 12 años: la ecuación actual infraestima los ingresos forales y los gastos del Estado en los territorios.

El modelo de cuentas públicas territorializadas de Hacienda en julio pasado muestra como la financiación per cápita de las comunidades forales asciende a 3.690 euros en 2012, mientras que las régimen común tuvierno 2.103 euros.