Sebastián Torres / Antonio Salvador
EL MUNDO
Ordena a la Seguridad Social que informe sobre qué papel jugó el Ministerio de Trabajo en las prejubilaciones falsas de la minería de Huelva

El ERE de la minería de Huelva, uno de los más cuantiosos sufragados por el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía, podría acabar implicando al Gobierno central, del PP y del PSOE, en los años 2003 y 2004. La juez María Ángeles Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, ha ordenado a la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Huelva que «entregue en mano en el menor plazo posible» a la Guardia Civil un informe explicativo sobre el papel de vigilancia que debió ejercer el Ministerio de Trabajo para evitar el fraude.

La magistrada, que ha paralizado las dos nuevas macrocausas que inició Alaya contra la gestión de la Junta de Andalucía, la de los cursos de formación y la de los avales millonarios fallidos de la Agencia IDEA, cursó el pasado viernes sobre la marcha la petición de la Guardia Civil para investigar al Ministerio de Trabajo. Los agentes aprecian indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos por alguien del Gobierno central, pero sin precisar por parte de quién.

‘Edades químicas’ falsas

En un oficio remitido a la juez Núñez Bolaños el mismo viernes 4 de septiembre, éstos advierten de que la Administración central del Estado pudo haber consentido el falseamiento de los coeficientes reductores aplicados, lo que habría permitido a algunos mineros haberse prejubilado a edades que no les correspondían.

La legislación permite a los mineros jubilarse y prejubilarse a edades más tempranas de las que marca la ley para el común de los trabajadores, ya que a su edad real se le aplica una reducción por la penosidad a la que han estado sometidos durante su vida laboral, expuestos a condiciones extremas bajo tierra o en contacto con sustancias químicas que pueden provocar transtornos de salud y disminuir la calidad de vida. Por ello, un trabajador de la minería de 55 años reales puede tener una ‘edad química’ de 65 y acceder así a la jubilación.

EL MUNDO ya publicó que un alcalde socialista de La Zarza-Perrunal, una pedanía del municipio oubense de Calañas, se prejubiló en 2005 dentro de uno de los ERE de la minería a los 44 años sin que tuviera derecho a ello. Como informó entonces este diario, Juan Manuel Serrano se benefició de una bonificación de 2.029 días, a pesar de que su trabajo en la mina de Insersa no estuvo sometido a penosidad alguna.

De hecho, como también desveló EL MUNDO en aquella información,existe un oficio del INSS, en concreto de la Subdirección Provincialde Información Administrativa, Informes de Cotización y Subsidios, que señalaba en octubre de 2005 que, «una vez comprobados nuestros antecedentes y la documentación aportada, le corresponde una bonificación de cero días». El documento está firmado por el subdirector provincial de dicho departamento del INSS en aquellos momentos, José María Heredia Larios.

El alcalde se benefició de una bonificación de más de cinco años y medio que en realidad no le correspondía fingiendo así tener 50 años de ‘edad química’ y ser incluido entre los prejubilados.

La Guardia Civil sostiene en su oficio que la Administración central del Estado «presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa». Y ello se habría hecho, presuntamente, según la Guardia Civil, para evitar «nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos».

Cambio de opinión

Llama la atención el cambio de opinión de la Guardia Civil de Huelva en este oficio con respecto a lo manifestado en su atestado del mes de marzo, en el que se endosaba toda la responsabilidad del fraude a la Junta de Andalucía y se eximía a la Administración central del Estado, que, según decían entonces, actuó escrupulosamente.

En aquel atestado, los agentes señalaron que el Estado aportó a los planes de prejubilaciones justo el dinero pactado en los acuerdos, mientras que fue la Junta de Andalucía la que, con cargo al fondo de reptiles, corrió con el sobrecoste de la operación por el presunto falseamiento de las ‘edades químicas’.

La actuación del Gobierno central se habría producido, según la Guardia Civil, en los años 2003 y 2004, cuando gobernaron el PP, principalmente, y el PSOE, con gobiernos de José María Aznar, primero, y de José Luis Rodríguez Zapatero, después.