José María Triper
EL ECONOMISTA

En vísperas, esperemos, de la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y con el debate de la recuperación de los salarios como telón de fondo de los desacuerdos entre patronal y sindicatos, parece conveniente abrir una reflexión sobre la importancia de la evolución de las remuneraciones salariales para la sostenibilidad a medio plazo de una recuperación cuyo patrón de crecimiento tiene como uno de sus pilares básicos la recuperación de consumo privado, que el Gobierno vincula directamente a la creación de empleo.

Un modelo aparentemente coherente en el ámbito de la teoría pero que se rompe cuando, como ocurre aquí y ahora, la mayoría de los empleos nuevos que se crean lo hace estigmatizados por unas condiciones salariales y de temporalidad sensiblemente inferiores a los de antes de la crisis.

Una seria amenaza

Quiere esto decir que el aumento de los puestos de trabajo no permite hacer una traducción proporcional o equivalente al aumento del consumo interno. Y si a ello añadimos que, con datos de la Comisión Europea, los salarios reales en España se han recortado nada menos que un 4,5% desde 2008, pues no es difícil inferir que estamos ante una seria amenaza para que el crecimiento de la economía sea sostenible en el tiempo y ante una rémora para impulsar el aumento de la recaudación impositiva y de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social de los que se nutren las arcas del Estado para pagar, entre otras cosas, las pensiones.

¿Se referiría a esto la ministra Fátima Báñez cuando el pasado lunes, durante el Ágora del Empleo de elEconomista, instaba a los agentes sociales a acompañar con la subida de salarios la creación de empleo? Probablemente.

Aunque en el Ministerio de Empleo no se pronuncian sobre la negociación colectiva, que compete exclusivamente a sindicatos y empresarios, algunos responsables del Departamento no ocultan que se vería con simpatía un acuerdo que empezará a recuperar el poder adquisitivo de los salarios para impulsar el consumo y el empleo. Entre otras cosas, porque recordemos que la Comisión Europea denunciaba en noviembre pasado que el recorte de salarios que se ha producido en España durante la crisis ha sido «lento, ineficaz e injusto», perjudicando especialmente a los trabajadores temporales.

En esta coyuntura, los agentes sociales debería mostrar mayor flexibilidad a la hora de impulsar unas alzas salariales que garanticen una recuperación cierta de la capacidad de compra, para ayudar así a fortalecer una demanda interna que no puede sostenerse sólo con la expansión de los empleos en las actuales condiciones de precariedad. Incluso aunque se genere algo de inflación, que en una situación de bajos precios ayudaría, incluso a reducir la deuda. Pero ésa es otra historia.

José María Triper
EL ECONOMISTA