EXPANSIÓN

Las empresas consideran un éxito superar el proceso pero los efectos secundarios son graves y aún hay muchos operadores para un mercado encogido
Durante la crisis, llegaron a entrar en concurso de acreedores hasta cinco constructoras en España al día. Aproximadamente, un 95% de ellas no sobrevivió y el reducido número de las que salvaron los inmuebles mira con ansia a la recuperación económica, aunque desde una situación muy diferente tras el colapso sufrido y con un tamaño significativamente menor. En Andalucía, donde el sector era un pilar fundamental, pues llegó a suponer más del 16% del PIB, dentro de ese 5% de firmas que han sobrevivido figuran grupos como Vera e Ingeconser (Málaga), Detea (Sevilla), la granadina Garasa (ahora Aconser), BSK (Cádiz) y Mipelsa (Jaén). Otras grandes del sector regional como GEA 21 están aún inmersas en el proceso, pero son muchas más las que entraron en un callejón sin salida. Entre ellas destaca Noriega, del desaparecido hólding cordobés Sánchez Ramade; Zent, de Luis Portillo; Rafael Morales, que fue la mayor de Huelva; la malagueña Evemarina o Jale (Cádiz), que se suman a las que han terminado en liquidación. La hemorragia parece haberse frenado, a tenor de las cifras de concursos del primer trimestre, que desciende en un 30% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en líneas con el conjunto de sectores. De enero a marzo, en Andalucía se registraron 160 procesos, de un total a nivel nacional de 1.344, de los cuales el 18% fueron en la construcción. Pérdida de negocio Enrique Bujidos, socio responsable de reestructuraciones de PwC, afirma que las constructoras «son las empresas que peor conviven con la situación concursal, pues tienen mayor riesgo de pérdida de su negocio corriente». Por un lado, no pueden seguir licitando en concursos públicos y, por otro, tienen una mayor deuda financiera y muchos avales, que pueden ser ejecutados. Junto a ello, subraya que en realidad «sigue habiendo muchos operadores». Sobre el futuro, el directivo cree que hay mucha incertidumbre. «Han tenido que diversificar con otras actividades y geográficamente, pero ganar dinero fuera de España no está probado. La mayoría no han podido adquirir una masa crítica que haga responsable su despliegue exterior. Están en un atolladero». En esta misma tesitura se muestra Francisco Fernández Olmo, presidente de Ceacop, que alerta de un escenario crítico por la escasez de obra pública -pese al notable incremento en licitaciones durante este año electoral. y por los daños del propio concurso de acreedores. «Algunas han optado por cambiar el nombre a la sociedad y están intentando salir adelante con alguna obra privada». En su opinión, el sector se ha redimensionado -«han caído un 37% de las empresas andaluzas»-, pero espera más concursos a lo largo de este año, «porque la rentabilidad de la obra pública está bajo cero». Arturo Coloma, consejero delegado de Detea, que logró un acuerdo con sus acreedores (un total de 1.650) a principios de año, define el concurso como «una refinanciación asistida». Entre las lecciones aprendidas señala que «deben centrarse en el núcleo del negocio y hacer una diversificación proporcionada, con un segundo norte en la innovación de producto». Junto a ello, aboga por «separar los negocios y que cada obra sea una unidad productiva independiente; además de ser riguroso en el cobro, pues el constructor aspira a tener márgenes de entre el 2 y 3% antes de impuestos y no te puedes permitir que no te paguen una certificación del 5%». Desde que Detea entró en el juzgado pasaron casi tres años, un tiempo «demasiado largo, en el que no podíamos optar a contrato públicos y, en el sector privado, en teoría sí, pero en la práctica tampoco». Costes Junto a la caída de actividad, cita otros graves efectos secundarios como la depreciación de los activos, la dación en pago, la necesidad de hacer líquido los activos rápidamente, los ERE y la caída de la actividad. «Se produce una pérdida patrimonial muy importante». En cualquier caso, considera que ahora es un buen momento para iniciar una segunda vida. «Las empresas que salieron del concurso hace dos años se encontraron sin mercado, ahora nuestra salida está más acorde». No obstante, precisa que si antes se habían marcado un horizonte de facturación a largo plazo de 100 millones, ahora lo han reducido a 40 millones. Por su lado, Emilio Sánchez Verea, director corporativo de Vera, destaca que «el haber pasado por una situación concursal lleva aparejado una imagen de debilidad que no tiene por qué ser cierta y hace que clientes, proveedores, sector financiero incluido, y potenciales socios se lo piensen dos veces antes de trabajar contigo». Por ello, asegura que los concursos de acreedores «tienen unos costes muy altos, no sólo a nivel económico sino también moral, de imagen y motivación». El directivo reconoce que «la vida después del concurso no es nada fácil, en un entorno económico donde la contratación tanto pública como privada, sigue muy baja».
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