Carlos Rocha
DIARIO DE SEVILLA
Unicef pide que la inversión en infancia se equipare al parámetro europeo del 2,2% del PIB, un punto más que la española

El 51,1% de los niños andaluces viven en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, sus familias no pueden permitirse unas vacaciones de más de una semana al año o ciertos tratamientos dentales, como una ortodoncia. El alarmante dato procede del informe sobre la infancia en Andalucía realizado por el comité de Unicef en la comunidad, que desvela que 834.000 menores están en situación de pobreza relativa, lo que significa que no pueden acceder a determinados servicios o ver satisfechos algunos derechos.

El documento se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2014 y sitúa a Andalucía como la tercera región con mayor porcentaje de niños en riesgo -sólo por detrás de Ceuta y Murcia- y más de quince puntos por encima de la media nacional (35,8%). Además, la situación ha empeorado con respecto al año anterior, cuando la tasa de menores andaluces afectados se quedó en el 45,3%.

El informe fue presentado ayer en la sede regional de Unicef, en un acto al que acudieron los presidentes de Unicef en Andalucía y España, Ricardo García Pérez, y Javier Martos, respectivamente; que estuvieron acompañados por Salvador Pérez-Moreno, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Fue precisamente el docente quien explicó que el elevado porcentaje resulta de combinar las tres magnitudes que analiza la tasa Arope: la renta insuficiente, las privaciones materiales severas y el trabajo precario o de baja intensidad. Para la primera de estas variables, se toma como referencia el umbral de pobreza nacional, situado en unos ingresos anuales de 16.719 euros para un hogar con dos adultos y dos niños menores de 14 años. Según el INE, el 44,4% de los niños andaluces pertenecen a familias con ingresos menores al mencionado límite, lo que también coloca a la región en el tercer puesto de la clasificación, 14 puntos sobre la media nacional.

Andalucía sube un puesto cuando se trata de analizar el porcentaje de niños que viven en un hogar con baja intensidad de trabajo, es decir, cuyos padres trabajan menos de dos meses y medio al año. Con el 24,2%, la comunidad autónoma sólo mejora los números de Ceuta y sobrepasa en diez puntos la media nacional, en línea con el alto índice de desempleo que registra la región.

El tercer parámetro que se utiliza para medir el riesgo de pobreza y exclusión es la carencia material severa, que se calcula analizando el acceso de los menores a determinados servicios. En Andalucía, la tasa se sitúa en el 10,1%, levemente por encima del dato nacional, pero llaman la atención dos de los elementos analizados: el 62,4% de los hogares con niños de la región no pueden permitirse una semana de vacaciones y el 62,9% no podría afrontar un gasto imprevisto.

“La infancia es el colectivo más vulnerable a los efectos de la crisis”, manifestó el presidente del comité andaluz tras la exposición de los datos, pero Ricardo García Pérez también aseguró que la solución del problema pasa únicamente por la inversión. Su homólogo a nivel nacional hizo hincapié en la necesidad de equiparar el gasto en políticas públicas en defensa de la infancia con los niveles europeos, ya que España dedica una cantidad correspondiente al 1,2% de su PIB, mientras que otros estados llegan al 2,2%. “Solo Rumania y Bulgaria están peor que nosotros, mientras que otros países que se han visto muy afectados por la crisis, como Irlanda y Polonia, tienen mejores datos”, sentenció Javier Martos. “Lo que no hagamos ahora lo vamos a pagar después”, añadió García Pérez, que hizo referencia a que los países “más competitivos” son aquellos que realizan una mayor inversión en la infancia, puesto que “las consecuencias de la falta de oportunidades son irreversibles”.

En este sentido, el mandatario de Unicef en Andalucía analizó los datos de gasto de la administración autonómica en políticas en defensa de la infancia en los últimos ocho años, según el Centro de Estudios Económicos Tomillo. En 2007, fueron 6.788 millones de euros, mientras que en 2010 la inversión aumentó hasta los 7.478 millones, pero sufrieron un retroceso en 2013, durante los años más duros de la crisis económica, para quedarse en 6.453 millones de euros. En total, el gasto ha descendido un 5% en los últimos ocho años, pero si se desglosa en distintas áreas, el mayor recorte afecta a las políticas de bienestar social, mientras que se mantienen las de educación y salud. Las prestaciones para apoyar a las familias en riesgo constituyen el único apartado que aumenta de forma significativa entre 2007 y 2013.

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