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Políticas sociales y la fiscalidad han centrado los discursos de los candidatos, sobre todo en los mítines
La principal promesa electoral de la campaña a las elecciones andaluzas que hoy finaliza ha sido el millón de empleos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que se pueden crear si llega hasta la sede de San Telmo su candidato, Juanma Moreno. El presidente ha cruzado una línea roja que hacía años no traspasaban los políticos, escarmentados por los errores del pasado en este sentido. Este golpe de efecto —que el candidato popular a la Junta ha dejado en 500.000 hasta finales de 2016— no ha sido gratuito porque el empleo se ha convertido en uno de los ejes de la campaña, y todos los candidatos, incluyendo a los partidos minoritarios, han hecho numerosas propuestas en este sentido. Hay, curiosamente, coincidencia en un asunto: todos los partidos piden cambiar el modelo productivo así como incentivar a las empresas que creen puestos de trabajo. Susana Díaz ha prometido mantener los planes de empleo para grupos de edad que ha impulsado desde el Consejo de Gobierno, sobre todo desde que el 27 de enero firmó el decreto de convocatoria de elecciones, mientras que Antonio Maíllo (candidato de IU) propone que el empleo se genere desde la propia administración andaluza. Promete poner en marcha un Programa de Trabajo Garantizado para cuidar la flora y la fauna, con unos salarios que oscilan entre 5 y 7 euros la hora dependiendo de la cualificación de los trabajadores. Los líderes políticos que buscan sentarse en el Parlamento andaluz a partir del próximo domingo han debatido ampliamente sobre la corrupción, algunas veces llamándola por su nombre y otras refiriéndose a ella como transparencia; todos reprobándola y ofreciendo recetas para evitarla en el futuro. La campaña de UPyD ha sido la más clara en este sentido. Martín de la Herrán, su candidato, ha centrado todos sus actos en hablar de la corrupción con actos simbólicos como el reparto de bayetas por toda Andalucía para limpiarla de esta lacra. Otro partido minoritario y que podría entrar en la vida política institucional de Andalucía, Ciudadanos, también ha apostado por centrarse en la lucha contra la corrupción. Su programa electoral define la responsabilidad patrimonial de los imputados, el mismo concepto que recoge el PP en sus propuestas, aunque el partido de la gaviota lo hace con una extensión más amplia afectando no sólo a la corrupción, sino también a la gestión negligente. Podemos ha querido dar una vuelta de tuerca a este asunto y presentarse como un partido con propuestas innovadoras. La formación morada plantea la posibilidad de revocar los cargos públicos a los dos años de su elección. Si un ciudadano logra reunir un 20% de firmas de los votos que obtuvo ese cargo, se convocará un referéndum abierto a todos para decidir si continúa o no. Una iniciativa que ha levantado las iras en el seno de Izquierda Unida ya que se trata de una vieja aspiración de esta formación que nunca se ha podido llevar a efecto.
El PSOE es consciente de que la corrupción es su principal flanco débil y por eso ha empezado su programa electoral precisamente por este asunto aunque, eso sí, abordándolo como si optasen a un Gobierno que nunca han ostentado y evitando las responsabilidades de 33 años al frente de la Junta de Andalucía. «Tenemos derecho a conocer a qué se destina cada euro de dinero público»; «Las fuerzas políticas que forman un Gobierno tienen la legitimidad y la obligación de designar a los responsables y directivos públicos que deben emprender la tarea de gobernar Andalucía. Sin embargo, la falta de idoneidad de algunas personas, la corrupción, la confluencia de intereses privados en algunos casos (…) han convertido una noble tarea en una imagen de lo perverso», son algunas de las frases que se exponen en este sentido. El sesgo social Si los recortes empezaron siendo un ariete electoral, la apuesta por las políticas sociales se ha convertido en uno de los principales argumentos para tratar de captar el voto de los indecisos y no han faltado en ninguno de los mítines que los candidatos han celebrado durante su caravana electoral. La Sanidad y la Educación tendrían que reformarse casi totalmente tras las elecciones del próximo domingo si se cumplen todas las promesas de estas últimas dos semanas. Los programas electorales de todo el espectro político inciden en el carácter público de estos servicios. El PP apuesta por reforzar la atención primaria, mientras que el candidato del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha hecho de la sanidad una de sus banderas, defendiendo la terminación de los centros hospitalarios comarcales que están en obras desde hace años. Contra el copago se manifiestan rotundamente el propio PA, IU y Podemos, mientras que Ciudadanos quiere elevar el presupuesto hasta equipararlo con la media española. La aplicación de la Ley de Dependencia está también presente en todos los programas con promesas para mejorar su aplicación, el pago de la prestación y reducir las listas de espera. «Un programa electoral es un catálogo de promesas incumplidas» decía Teresa Rodríguez, la candidata de Podemos. Pero la realidad es que todos los partidos se han centrado en su elaboración y lo presentan como un compromiso antes de la jornada electoral. Después, los ciudadanos se lo demandarán.
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