María Dolores Tortosa
SUR
Arremete contra la norma que permite al Estado detraer dinero del presupuesto destinado a las CC AA para saldar deudas de estas con ayuntamientos

El Gobierno andaluz acordó ayer en su reunión semanal interponer un recurso contra dos preceptos de la Ley Orgánica del 12 de junio pasado que modifica las leyes reguladoras de la financiación autonómica y de la estabilidad financiera. Estas dos modificaciones permiten al Estado detraer recursos de las regiones para saldar deudas en materia de gasto social con las entidades locales; y habilitan al Ministerio de Sanidad para modificar lo dispuesto en la Ley General de Sanidad sobre delimitación del gasto farmacéutico en función del PIB de las regiones.

El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, justificó el recurso porque altera las determinaciones de la Constitución y vulnera el principio de autonomía financiera y de gestión recogido también en el Estatuto andaluz. Vázquez señaló que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, solicitó la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales para evitar el recurso y «buscar una solución negociada», si bien recibió una negativa por parte del Gobierno central.

La pasada semana el Consejo de Gobierno autorizó otro recurso de inconstitucionalidad contra la ley de parques nacionales también modificada por el ejecutivo del PP, si bien en esta ocasión hubo acuerdo entre la Junta y el Gobierno central para suavizar algunos aspectos de la reforma y la administración andaluza desistió del recurso.

Junta y Gobierno central se han cruzado cerca de una veintena de recursos ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. El presidente ha recurrido la subasta de medicamentos, oposiciones de enseñanza secundaria, la reforma de la ley electoral por la que se dejaba fuera del Parlamento a los alcaldes y presidentes de diputaciones y la ley antidesahucios. El Constitucional dio la razón a la Junta en el recurso de los alcaldes, pero se la quitó, por ahora, en el decreto antidesahucios.

Andalucía ha recurrido los decretos leyes de medidas urgentes en Educación y Sanidad que el PP aprobó en 2012; el decreto ley de estabilidad presupuestaria que liberalizaba los horarios comerciales; el decreto ley sobre las tasas judiciales. Entre las leyes, además de la Lomce, aprobó recurrir la de la reforma local y la modificación de la ley de Costas y protección del litoral.

Sobre el recurso planteado ahora, el Gobierno andaluz considera que la incorporación de las obligaciones contraídas con las entidades locales al concepto de deuda pública vulnera el artículo 135 de la Constitución, que no recoge expresamente este concepto.

Según explicó Vázquez, al abrir la posibilidad de que el Estado salde de forma directa con los ayuntamientos las deudas de las comunidades autónomas en materia de gasto social (transferencias pendientes por convenios sobre estos servicios), la ley «otorga una prioridad indebida a este pago sobre las demás obligaciones autonómicas», refiriéndose a los primordiales de la sanidad, educación y sociales.

La vicesecretaria de Política Municipal del PP, Ana Mestre, criticó el recurso de la Junta contra el Gobierno en un comunicado. Dijo que es la Junta la que ha estado «hasta ahora atacando el principio de autonomía local», mientras que el Gobierno de Rajoy lo que pretende es salvaguardar la financiación de los ayuntamientos.