Antonio Fuentes
DIARIO DE SEVILLA
Las críticas por la suspensión de la convocatoria obligan a Fomento a presupuestar 1,5 millones adicionales para atender las más de 500 peticiones

Dos días después de la suspensión de la línea de ayudas para garantizar un alquiler a víctimas de desahucios y ante las críticas de partidos de la oposición por la decisión, la Consejería de Fomento y Vivienda informó ayer de que presupuestará 1,5 millones extra a esta convocatoria para atender las más de 500 solicitudes recibidas. Esta política de la Junta que consiste en pagar un alquiler a las personas que padezcan un desahucio o estén en riesgo se puso en marcha el pasado diciembre y ocho meses más tarde, el pasado lunes, la Consejería de Fomento cerró la convocatoria al entender que las solicitudes recibidas copaban los 2,27 millones iniciales presupuestados.

Las reacciones a la suspensión adelantada el lunes por esta redacción motivaron que ayer el consejero de Fomento y Vivienda, el socialista Felipe López, anunciara que «ya está rectificando» la orden «para poder atender a todas las familias que sufren este problema de primera magnitud». Esta rectificación recogerá un incremento del presupuesto por 1,5 millones adicionales (que saldrán de otras políticas de vivienda), pero la suspensión no se levantará por el momento.

Según el comunicado emitido por Fomento y Vivienda, «la suspensión temporal de la orden de ayudas a familias desahuciadas tiene como objetivo garantizar la atención a todas las peticiones presentadas, así como la posibilidad de levantar la suspensión una vez ampliado el presupuesto, y continuar la gestión de las solicitudes sin necesidad de redactar y aprobar una nueva». El BOJA tendría que publicar este levantamiento de la suspensión al igual que recogió el cierre de la convocatoria.

Este repentino cierre sorprendió a los que fueron los redactores de la orden, entre ellos la ex consejera de Vivienda y actual diputada de IU Elena Cortés, que señaló que la vocación de esta línea de ayudas era mantenerse abierta todo el año y dotarse de más presupuesto en función de las necesidades de los solicitantes. Tanto IU como Podemos anunciaron que exigirán explicaciones al consejero una vez se reanude la actividad parlamentaria.

Hasta el momento 46 de las solicitudes han recibido un informe favorable para recibir la ayuda, aunque no consta todavía que ninguna familia desahuciada la haya percibido. Los requisitos que deben acreditarse para obtener la ayuda son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual y que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social, así como que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.

La oposición (salvo Ciudadanos) exige explicaciones al consejero

Las críticas a la decisión de Fomento continuaron ayer. En rueda de prensa en Málaga, el coodinador general de IU, Antonio Maíllo, hizo referencia expresa a la suspensión por parte de la Junta de las ayudas al alquiler para personas desahuciadas e instó al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, a que rectifique. El propio López replicó a Maíllo en una llamada a la agencia de noticias Europa Press en la que criticó el «desconocimiento» de Maíllo, apuntó que la medida en sí es positiva, pero «el número de demandas ha sido superior a lo previsto y se ha producido una insuficiencia de crédito», y reclamó «sacar el rifirrafe político» el asunto de los desahucios que afecta a muchas familias. Por la mañana también la secretaria general del PP, Dolores López, censuró la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda y responsabilizó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de «agravar» la situación de estas personas. «En lugar de socorrer a las personas víctimas de los desahucios, el Gobierno de Susana Díaz les agrava el problema», denunció López. En su opinión, esta decisión demuestra la «falsedad» de las políticas sociales de la Junta, a lo que sumó el hecho de que Andalucía es la comunidad con más ejecuciones hipotecarias del país, en torno al 25% del total nacional.