DIARIO CÓRDOBA
El PP exige a Díaz que asuma su responsabilidad por la corrupción

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, subrayó ayer que la investigación abierta por la UDEF sobre el presunto fraude en los fondos europeos de la Junta de Andalucía es un asunto que «se remonta a años atrás», y en cualquier caso fueron gestionados respetando la legalidad. «La información que me transmiten desde la Consejería de Economía es que esos fondos fueron gestionados respetando escrupulosamente la legalidad», dijo el portavoz del Gobierno al ser preguntado sobre este asunto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Tras subrayar que el Ejecutivo andaluz «respeta y colabora» con el trabajo que realizan tanto las instancias judiciales como policiales, resaltó que el plazo temporal «se limita hasta 2011» y pidió «esperar a lo que decida el juez» que lleva el asunto de Invercaria para hacer una valoración «más profunda».

«No podemos anticipar en un Estado de derecho las resoluciones judiciales», enfatizó Vázquez, que insistió en que la Junta va a ser «extraordinariamente respetuosa y escrupulosa» con lo que diga la Justicia. Interpelado sobre si la Consejería de Hacienda, en el proceso de elaboración de los presupuestos de 2016, está contando con los fondos europeos para su consignación en dichas cuentas, dijo que «sí, pues la investigación no afecta en absoluto, entre otras cosas porque no hay ninguna resolución judicial que ponga en tela de juicio ni bajo sospecha la gestión de los fondos europeos», respondió.

Recordó que lo que hay es un atestado policial «y ahora será el juez el que tenga que decidir si acepta o abre una causa sobre lo que plantea la UDEF».

Se cierra el cerco 

El PP considera que la investigación abierta sobre el reparto que hizo la Junta de los fondos europeos Jeremie, dotados con 235 millones, «cierra aún más el cerco» sobre la presidenta andaluza, Susana Díaz, y denunció que «desde hace dos años no paran de salirle casos de corrupción».

La vicesecretaria de organización del PP andaluz, Patricia Navarro, exigió a Díaz que «asuma su responsabilidad» como presidenta de una administración «manchada por la corrupción» y anunció que su partido pondrá en marcha todas las iniciativas de control posible «para que dé explicaciones». Señaló que el periodo de inversión de las ayudas termina el 31 de diciembre de este año (aunque se otorgaron hasta el 2013), por lo que preguntó si es posible que Díaz «haya estado también al margen estos dos años».

Navarro indicó que la Agencia IDEA fue «la caja pagadora» en los casos de los ERE, Invercaria o Matsa, porque actuó como «banco público» que otorgaba ayudas «como churros». Aseguró que la Junta empleó los fondos Jeremie «para cualquier cosa menos para lo previsto por la Unión Europea» porque no han encontrado «ni una regularidad» en su otorgamiento.

En ese sentido, la portavoz popular subrayó que en el 2010 se dio una subvención de cinco millones a la productora Kandor Graphics cuando la empresa estaba en pérdidas y pertenecía a un sector excluido en las condiciones de la ayuda, a la vez que afirmó que 14 de las 17 ayudas dadas presentaban irregularidades. Añadió que 10 de esas empresas terminaron en concurso de acreedores –caso de Urende, que recibió 12 millones– y que todas sirvieron «de colocadero laboral de personas relacionadas con el Gobierno socialista».