El Gobierno andaluz calcula que se ha revisado la mitad de los expedientes.
Se han detectado irregularidades en al menos 800 procedimientos.
De las 4.365 ayudas de formación analizadas sólo un tercio está justificado.

La Junta de Andalucía admite ya que los escándalos de corrupción que le afectan, como el caso ERE, el fraude de los cursos de formación y la trama de las facturas falsas de UGT-A, le han causado un agujero cercano a los 100 millones de euros.

[pullquote]La cifra del fraude con las subvenciones andaluzas posiblemente superará los 100 millones de euros[/pullquote], ya que la Junta de Andalucía tan sólo ha revisado la mitad de los expedientes: 4.565 de un total de 8.737 correspondientes al caso ERE, el presunto fraude de la formación y la supuesta trama de las facturas falsas diseñada por UGT de Andalucía.

De las 4.565 ayudas revisadas, el Gobierno de Susana Díaz ha concluido 781 expedientes de reintegro, por los que reclama en firme la devolución de 93,3 millones de euros en subvenciones.

Por ello, es previsible que el agujero causado por estos casos de corrupción vaya creciendo, conforme la Junta avance en su investigación interna, que discurre paralela a la iniciada por juzgados de siete de las ocho provincias andaluzas, entre ellos el de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, auxiliados por la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional (Udef) y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), además de la Fiscalía.

No sólo hay pesquisas judiciales. El escándalo de los cursos de formación provocó hace unos meses que la agencia estadounidense Standard & Poor’s situara a Andalucía al borde del bono basura.

Los casi 100 millones se reparten entre los 4,9 millones de euros que el Gobierno andaluz ya ha reclamado a UGT que devuelva relacionados con el escándalo de las facturas falsas destapado por EL MUNDO; otros 71 millones de euros del caso ERE que pretende recuperar a través de 195 expedientes de reintegro, y los 17,4 millones en subvenciones para cursos de formación que no han sido debidamente justificados y que también tramita a través de 581 expedientes de reintegro. En total, 93,3 millones.

El caso ERE acapara 71 millones de euros del agujero, la cifra más alta de los tres asuntos de corrupción. Se trata del escándalo que la Junta lleva más tiempo investigando de forma interna, ya que su revisión de expedientes comenzó en enero de 2011, coincidiendo con las pesquisas de la juez Alaya.

Entre las ayudas que la Junta pretende recuperar del caso ERE están las recibidas de forma directa por empresas y ayuntamientos con cargo a la partida 31.L del conocido como fondo de reptiles.

Durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, desveló ayer que la Junta sólo ha recuperado 1,2 millones de euros del caso ERE, un fraude que la juez Alaya eleva a 855 millones.

Según la Junta, de ese dinero sólo ha reclamado a los beneficiarios la devolución de 71 millones, de los que 1,2 millones han sido ingresados en el periodo voluntario; hay otros 22 millones que están siendo reclamados en fase de apremio.

En cuanto a los ERE y las críticas del PP por la escasa cuantía recuperada, Sánchez Maldonado señaló que «ya son 1,2 millones de euros más que los que se recuperan en cualquier administración pública de España, porque tenemos muchos casos en los que, incluso estando la gente en la cárcel, no se ha recuperado ni un chavo».

Del presunto fraude con los cursos de formación, que la Junta lleva menos tiempo revisando que las ayudas de los ERE, se han abierto 581 expedientes de reintegro que exigen en firme la devolución de 17.451.211,49 euros, con la mitad de las subvenciones revisadas, como detalló ayer en el Parlamento el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Los 581 expedientes de reintegro suponen el 13% de las 4.365 ayudas para cursos de formación que los trabajadores de la Junta han revisado a través de un plan de choque. Posiblemente, la cifra del fraude será mayor, ya que todavía hay 4.140 subvenciones pendientes de revisar.

Los datos son alarmantes. De los 4.365 expedientes revisados hasta ahora, sólo un 30% -exactamente 1.280- está correctamente justificado, mientras que en torno al 57% -unos 2.504- de los analizados sigue abierto y bajo sospecha, ya que la Junta está aún reclamando datos y justificaciones a los beneficiarios de las subvenciones, al detectar irregularidades que están todavía pendientes de confirmar.

No obstante, para el consejero de Educación el volumen del fraude no es significativo, porque los reintegros sólo suponen el 0,7% del presupuesto destinado a la formación en los últimos años.

EL MUNDO