Editorial
DIARIO DE SEVILLA

A firmar a estas alturas que los países de éxito del futuro serán aquellos que sepan generar y acumular un mayor capital de conocimiento es casi un lugar común. No hay ningún discurso político o empresarial que aborde el tema del desarrollo y el crecimiento económico que, de forma reiterada, no insista en la necesidad de invertir en I+D. Esta retórica ha sido especialmente intensa, además, en sociedades como la española y la andaluza, que, tras sufrir el estallido de la burbuja inmobiliaria, han comprobado dolorosamente la necesidad de crear un nuevo modelo productivo que se base en la tecnología y en la alta cualificación de la mano de obra; de crear y apoyar a empresas que aporten valor en una economía global donde la competencia es feroz.

Por todo lo dicho, resulta totalmente incomprensible que la Junta de Andalucía lleve más de tres años sin pagar los proyectos de excelencia, que son la principal vía de financiación para que muchos grupos de investigación científica puedan trabajar en nuestra comunidad autónoma. Desde 2013, la práctica totalidad de los núcleos universitarios que dedican todos sus afanes en aumentar el conocimiento no han recibido apenas ningún apoyo de la Administración autonómica. Mientras tanto, desde el PSOE, partido que gobierna en la Junta, no se ha parado de acusar al Gobierno de la nación -muchas veces con razón- de abandonar a su suerte a investigadores e instituciones científicas. Ya son muchas la voces que apuntan que hemos perdido toda una generación de jóvenes investigadores que ha tenido que emigrar para encontrar trabajos que estén a la altura de su capacidad y vocación. Tres años perdidos: un auténtico drama que, no hay duda, tendrá consecuencias. Una vez más se cumple la trágica sentencia de Miguel de Unamuno: «¡Qué inventen ellos!».

Cierto es que han sido años muy duros debido a la crisis y el ajuste del déficit de las cuentas públicas, pero parece claro que no se ha acertado a la hora de priorizar los recortes. Sin hacer demagogia, había muchas partidas que podían haber sido recortadas -incluso suprimidas- antes de dejar los laboratorios sin actividad. El nuevo consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano -un científico y gestor universitario de larga trayectoria-, ha mostrado su intención de acabar cuanto antes con este dislate y ha asegurado que 2016 será el año en el que se vuelva a apostar económicamente por la investigación desde la Junta. Por el bien de Andalucía, esperemos que tenga razón.