BOSCO CÁMARA
ABC

Hemos leído recientemente que trece magistrados del Tribunal Supremo han remitido al presidente del Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, una carta en la que denuncian la existencia de injerencias por parte del Gobierno, a raíz de las críticas hacia la Audiencia Nacional vertidas por uno de sus ministros. Esta carta se suma a la petición de amparo formulada por varios magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en respuesta a unas declaraciones de otro responsable político. En este caso, la Comisión Permanente del Poder Judicial ha pedido públicamente respeto paralas resoluciones judiciales, con el fin de no transmitir una imagen distorsionada de la separación de poderes.

Si echamos la vista atrás, cuesta trabajo recordar una legislatura en la que la relación entre el Gobierno de la Nación y el Poder Judicial no haya tenido desencuentros. Sin embargo, en esta legislatura esta relación ha sido especialmente convulsa: tras la dimisión en junio de 2012 de Carlos Dívar como presidente del Tribunal Supremo, su sustituto, Gonzalo Moliner, protagonizó una agria polémica con el entonces ministro de Justicia con motivo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que éste proyectaba. Dicho intento de reforma legislativa trajo consigo una huelga de jueces y fiscales que fue secundada por una amplia mayoría de estos funcionarios públicos, que denunciaban que dicha reforma condicionaba su independencia. Posteriorment e, hemos asistido además a varios cruces de acusaciones a cuenta del concurso convocado por el Consejo General del Poder Judicial para cubrir la plaza del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Pablo Ruz), concurso que se ha interpretado por algunos como un intento del Consejo General de poner fin a la labor de este juez. Finalmente, hace días, el Fiscal General del Estado presentaba su dimisión al ministro de Justicia, aduciendo «motivos personales», decisión que para la mayoría está relacionada con la delicada situación provocada por la querella frente a Artur Mas.

Tras estos episodios, tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte asistimos a una excesiva exposición pública de nuestra Justicia, o si se prefiere, de sometimiento a crítica desde patrones políticos, que en nada contribuye a la recta satisfacción del mandato constitucional dirigido a los Juzgados y Tribunales de j uzgar y hacer cumplir l o juzgado. ¿Cómo está afectando todo ello a la imagen de nuestra Justicia? Hoy en día se confiere una gran importancia al concepto de imagen pública, de reputación. Todas las personas y empresas se preocupan por gozar de una buena reputación. Es más, no sólo deben poseerla sino que también han de gestionarla. En el caso de las instituciones, como es nuestra Justicia, más que de reputación, a mí me gusta hablar de confianza, pues la confianza no se gestiona, se inspira. ¿Cómo perciben hoy nuestros conciudadanos la independencia de nuestra Justicia? ¿Les inspira confianza? ¿Confían en que los jueces actúan, en todo caso, bajo el imperio de la Ley y que los adjetivos juezconservador o juezprogresista no añaden ni restan nada? En mi opinión, no podemos especular a diario con que las decisiones del Consejo General están apoyadas en meros criterios políticos, y pretender que la imagen de nuestra Justicia, la confianza que en ella depositan los ciudadanos, salga indemne de todo ello. La insinuación de existir cierta dependencia entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo en una coyuntura como la actual — de cierto desgaste en nuestras instituciones— no nos beneficia. Y quizá nos estemos acostumbrando a ello. Cada vez que desde algún poder público se proclama la independencia del Poder Judicial pero se niega a continuación, cuando las decisiones de su máximo órgano de gobierno se aprueban por una mayoría nombrada por formaciones políticas distintas a las suyas, se induce al ciudadano a pensar si están fallando las reglas del juego.

Por todo ello, de cara a trazar una perfecta línea divisoria entre lo «político» y lo «jurídico», cabría plantearse una vez más si el gobierno de l os j ueces debe emanar directamente del Congreso y el Senado o si, por el contrario, deben ser los jueces quienes elijan a sus propios gobernantes. Una repetida aspiración de jueces y magistrados que, en otras tantas ocasiones, se ha ofrecido por los partidos políticos como promesa electoral y que, sin embargo, jamás se ha visto cumplida.

En unos meses se tramitará ante las Cortes Generales el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma que nace con el objetivo claro de reducir el índice de litigiosidad de nuestro país y diseñar una nueva arquitectura judicial (i.e., creación de los Tribunales Provinciales de Instancia, supresión de los partidos judiciales) que sirva como elemento de modernización de nuestra Justicia. No debería desaprovecharse esta iniciativa legislativa para abrir de nuevo este debate y resolver, de una vez por todas, si dotar a nuestra Justicia de un autogobierno pleno puede ayudar a trazar esa línea divisoria. Bonito reto para nuestra Justicia en 2015. Pero sobre todo, para nuestros gobernantes.

BOSCO CÁMARA
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