Sebastián Torres
EL MUNDO
Ramírez de Arellano fue denunciado por “adjudicación arbitraria” en un proyecto millonario

La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando al consejero de Economía y Conocimiento del Gobierno andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, por un presunto delito continuado de prevaricación que habría sido cometido su etapa de vicerrector de infraestructuras y rector de la Universidad de Sevilla.

Los fiscales adscritos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) están tratando de esclarecer si, como denuncia el Colegio de Arquitectos de Sevilla, Arellano adjudicó de manera «arbitraria» la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).

La denuncia se presentó el 27 de marzo ante la Fiscalía de Sevilla, según ha podido conocer EL MUNDO en fuentes de solvencia, que inició una investigación contra Ramírez de Arellano. Cuando el 18 de junio pasado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, nombró a Ramírez de Arellano consejero de Economía y Conocimiento, éste adquirió automáticamente la condición de aforado, por lo que la Fiscalía sevillana tuvo que inhibirse a favor de la del TSJA.

Estos días el consejero de Economía protagoniza otra polémica a raíz de la reclamación que su departamento ha realizado a la Universidad de Sevilla para que reintegre la subvención de 16,4 millones de eurosconcedida en su día para construir una biblioteca diseñada por la anglo-iraquí Zaha Hadid, proyecto tumbado por la Justicia.

Lo más llamativo del asunto es que fue Ramírez de Arellano, como vicerrector de infraestructuras primero y como rector después, el encargado de gestionar dicha subvención, cuya gestión defendió el 6 de abril pasado en la presentación de cuentas anuales de la Hispalense, dos meses antes de ser nobombrado consejero. De hecho, se ha tenido que inhibir en el procedimiento de reintegro por incurrir en causa legal de abstención.

Ramírez de Arellano es el primer consejero nombrado por Susana Díaz que está bajo investigación judicial, en este caso de la Fiscalía Superior de Andalucía.

A finales de julio, el ya consejero fue informado oficialmente de la existencia de una investigación contra él por parte de la Fiscalía. La Consejería de Economía y Conocimiento restó ayer trascendencia al asunto señalando que la Fiscalía «está obligada a llamar a las partes» y que el titular del departamento «está dispuesto a colaborar» en la investigación.

El procedimiento le permite presentar alegaciones contra la denuncia del Colegio de Arquitectos o incluso prestar declaración de manera voluntaria, lo que podría producirse, toda vez que la Consejería señaló ayer que Ramírez de Arellano «ha sido citado».

Los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla, firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.

Resulta «contradictorio», según la denuncia, que la licencia de obras para el edificio se concediera con base en un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, es decir, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.

El Colegio de Arquitectos asegura que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación. Y ello, según la denuncia, porque a pesar de haberlo solicitado desde que tuvieron conocimiento de dicho proyecto, la Universidad de Sevilla nunca ha puesto en manos del Colegio el expediente administrativo.

Sí han tenido acceso a dos expedientes, uno titulado ‘Honorarios de estudio preliminar de edificio’ y otro titulado ‘Honorarios estudio preliminar de instalaciones de edificio’. «Es evidente que ninguno de etos dos supuestos expedientes corresponden a la adjudicación y contratación de los servicios profesionales de redacción del proyecto arquitectónico del edificio de espacios tecnológicos», recoge la denuncia, según ha podido conocer este periódico en fuentes solventes.

El Colegio de Arquitectos no señalaba directamente a nadie pero sí aludía constantemente a Ramírez de Arellano como el vicerrector que tomó las decisiones «por delegación del rector».

Especialmente, señalaban que fue el vicerrector quien acordó «fraccionar el objeto del contrato en cuatro fases», lo que constituiría una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público. Existe una «ilegalidad manifiesta» de la adjudicación, según la denuncia, que insiste en que «la infracción del ordenamiento jurídico es patente, notoria, incuestionable, flagrante e incluso clamorosa (…) por no reponder a ningún criterio de interpretación de las normas que regulan la contratación pública».

Todo ello supondría un presunto delito continuado de prevaricación y habría causado, según los denunciantes, «un grave perjuicio a los intereses del colectivo de arquitectos».

Los denunciantes sostienen que la adjudicación y el contrato de redacción del proyecto de obras «tienen la consideración legal de ‘regulación armonizada’ por tratarse de ‘servicios de arquitectura’ por cuantía superior a 193.000 euros (hoy, 207.000 euros) y por estar subvencionados». Por ello, mantienen que deben «someterse inexcusablemente» a un procedimiento con publicidad, transparencia, control del gasto y publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la UE.

Frente a ello, con el procedimiento seguido los «términos de la contratación» entre la Universidad de Sevilla y los arquitectos se ha mantenido «oculto».

La Fiscalía Superior de Andalucía tiene en sus manos la investigación y puede practicar cuantas diligencias legales considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, según la normativa.

Este periódico ha intentado sin éxito conocer en qué estado se encuentran las diligencias de la Fiscalía, tanto de las actuaciones que ha realizado la adscrita al TSJA, como de las que realizó en su momento la de Sevilla, antes de que Ramírez de Arellano fuera nombrado consejero del Gobierno andaluz.

Los plazos legales para este tipo de investigación son seis meses. Por la fecha en la que fue presentada la denuncia, ese plazo estaría próximo a concluir. Será el momento de saber en qué situación queda Ramírez de Arellano.

Una obra de 34 millones por fases

El edificio Centrius, erigido en la antigua plaza Sony de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, cuenta con un presupuesto de 34,8 millones de euros, según el Colegio de Arquitectos de Sevilla. La mitad de ese dinero, 17,7 millones, proceden de subvenciones públicas el Estado y la Unión Europea.

La denuncia del Colegio de Arquitectos se refiere sólo a la adjudicación y contratación del proyecto de construcción y la dirección de obra, unos trabajos sin cuantificar claramente por la falta de información que hay al respecto, aunque como mínimo superan los 600.000 euros, por datos extraídos de documentos aislados: al menos 580.000 euros por la redacción del proyecto y al menos 108.170 euros por la dirección de la primera fase de las obras.

Porque las obras se han ido adjudicando y contratando por fases, lo que podría suponer un fraccionamiento del contrato por parte de la Universidad, práctica prohibida expresamente por la ley y sólo admitida en contadas ocasiones.

La denuncia alude a ello al afirmar que en el «proceso de construcción» del edificio se han mantenido las «adjudicaciones ilegales» por fases, llegando a ilustrarlo con el ejemplo de los 1,4 millones de euros de la adjudicación de una de las fases a la empresa constructora FCC.

EL MUNDO ha accedido a varias resoluciones de adjudicación, todas a la misma empresa y siempre siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad. El argumento que se esgrime para ello es siempre el mismo: por ser la adjudicataria de las fases anteriormente licitadas.

Ello conduce a plantearse por qué no se realizó un concurso abierto por toda la obra con posibilidad de concurrencia a cualquier empresa también en la fase de construcción y no sólo en la de redacción del proyecto.

‘El Colegio de Arquitectos protesta sistemáticamente’La Universidad de Sevilla señaló ayer que la denuncia del Colegio de Arquitectos llega después de muchos enfrentamientos entre ambas instituciones. «El Colegio protesta sistemáticamente» por los concursos de la Hispalense, señaló la institución académica. La Junta de Andalucía incidió en el mismo argumento, asegurando que el Colegio «ha puesto muchas denuncias a la Universidad de Sevilla». Por su parte, el órgano de colegiación de los arquitectos sevillanos rechazó realizar ningún tipo de manifestación al respecto, escudándose en que el asunto está ‘sub iudice’.