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Siete leyes educativas distintas han colocado a España a la cabeza del abandono escolar

España tiene una potente red educativa, con buenos profesores y recursos mejorables pero no raquíticos. Sin embargo, estamos lejos de obtener los resultados que deberíamos. Nuestro país – según el último informe de la OCDE publicado a finales de septiembre– tiene el mayor índice de abandono escolar temprano de la UE y de repetidores de curso; casi una cuarta parte de nuestros estudiantes deja los estudios antes de acabar la etapa Obligatoria.

En términos generales, nuestro rendimiento está por debajo del promedio de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencia. En el informe PISA de 2012, l os estudiantes españoles quedaron los cuartos por la cola de todos los países de la OCDE en la evaluación de estas tres áreas cruciales . Como consecuencia de todo esto, nuestro porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja, l os conocidos como «ni-nis», alcanzan un 20%. una tasa solo superada en los países desarrollados por México, Grecia e Italia.

Tampoco la universidad sale mejor parada. Aunque nuestra producción en cuanto a artículos de investigación publicados es aceptable, a nivel de patentes somos casi insignificantes en el panorama mundial, inexistentes en los Premios Nobel de Física o Química y con apenas tres universidades entre las 200 primeras en los tres principales ranking internacionales que analizan l a excelencia académica (Shanghái, Times Higher Education o QS World University Ranking).

A la vista de los datos, tenemos un problema, y muy poca predisposición para abordarlo desde una perspectiva de pacto social. Desde 1970 hemos tenido siete leyes educativas y la actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (la primera que consigue aplicar el PP), va solo por su segundo año de implantación. Pero la casi totalidad de los partidos de la oposición ya han anunciado que la derogarán inmediatamente en caso de ganar ellos las elecciones.

Al borde del caos

Si la enrada en vigor de la Lomce ya fue complicada en el curso 2014-2015, después de las pasadas elecciones autonómicas de mayo, en donde las urnas convirtieron a doce comunidades en opositoras a la nueva ley, el arranque de 2015-2016 estuvo a punto de ser catastrófico. Solo el perfil negociador del nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y las advertencias de sindicatos y asociaciones de padres de la incertidumbre que se estaba generando, consiguieron que el sentido común se impusiera. En pleno mes de agosto, a menos de un mes del comienzo de las clases, los doce consejeros de Educación de las comunidades opuestas a la Lomce leían un manifiesto en el que pedían a Méndez de Vigo paralizar el calendario de implantación de la ley «con todas las garantías jurídicas y preservando el interés superior de los alumnos». Lo que venían a decir es que no habría insumisión pero para no perjudicar a los alumnos.

La decisión del Ministerio de Educación de dejar abierto al debate la definición final de las polémicas evaluaciones externas de Secundaria y Bachillerato, el aumento de l a tasa de reposición de los profesores hasta el 100%, la reducción del número de alumnos permitidos en clase y el aumento en más de 200 millones de euros del Presupuesto de Educación, consiguió evitar un caótico inicio de curso.

Con este panorama, no hay responsable educativo que no reconozca que sin un gran pacto educativo que dé estabilidad es imposible avanzar en la buena dirección. Pero los doce consej eros autonómicos de Educación opuestos a la Lomce ya dejaron claro en agosto que «más tarde o más temprano será derogada» la ley. Y con esa permanente espada de Damocles, difícil es poner en práctica un proyecto educativo de largo alcance que motive a profesores y alumnos e implique a las familias.