Daniel Cela
CORREO DE ANDALUCÍA
Susana Díaz corrige el papel secundario que otorgó a la política educativa, devuelve la cartera al cuarto puesto del gobierno y sitúa al frente a alguien de prestigio, la rectora Adelaida de la Calle

Más allá del discurso, la importancia que tienen ciertas políticas públicas para una administración se comprueba observando el puesto que ocupan dentro del organigrama del gobierno. Hace unos días, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, corrigió una decisión que ella misma adoptó en septiembre de 2013, cuando formó su primer gabinete: desplazar la educación a un segundo plano. Tras año y medio arrinconada como un mero departamento de gestión administrativa, la presidenta ha devuelto la Consejería de Educación al cuarto puesto en el organigrama de su gobierno, la ha dotado de competencias exclusivas (despojándola de todo lo que no tuviera que ver con la enseñanza) y ha colocado al frente a una profesional de prestigio,Adelaida de la Calle, catedrática de Biología Celular, rectora de la Universidad de Málaga y primera presidenta de los rectores españoles. La comunidad educativa ha aplaudido el cambio.

En los últimos años, el departamento de Educación se había convertido en un magma de materias deslavazadas, primero absorbiendo el área de Cultura y Deporte, luego incorporando las políticas activas de empleo: los cursos de formación para parados que, además, arrastraron consigo una investigación judicial por un posible fraude en la concesión de ayudas a las empresas que organizaban dichos cursos. Además, la ruptura del anterior pacto de gobierno PSOE-IU hizo que, en los últimos meses de la pasada legislatura, este macrodepartamento tuviera que lidiar también con las competencias de Turismo. Todo ello restó peso específico al departamento de Educación, que empezó a ser gestionado más como un servicio que como una de las políticas que sustenta la identidad de un gobierno socialista.

La política educativa andaluza ha renqueado en los últimos años por la crisis, convirtiéndose a la fuerza en un departamento «de resistencia» que ha visto menguar su plantilla de profesores, sus nóminas y sus recursos educativos a todos los niveles. La Junta ha mantenido a duras penas el esqueleto de lo que solía ser este departamento, con un sobreesfuerzo presupuestario para conservar las becas y los servicios complementarios como el comedor escolar, el aula matinal, las actividades extraescolares y el transporte, gratuito o bonificado al máximo para familias sin recursos.

Los sindicatos docentes, las asociaciones de padres y los expertos en enseñanza reconocen ese esfuerzo de resistencia, pero denuncian que la consejería perdió mucho más que inversión y rango en el gobierno. Perdió la capacidad de inventar y comunicar qué se hace en las escuelas para mejorar la sociedad y la educación, eso que los entendidos llaman «innovación educativa». «Nos habíamos apoltronado cómodamente en el discurso anti-Wert, como si no tuviéramos vida propia más allá de oponernos a la reforma educativa del Gobierno central», se queja un directivo de la consejería que pide el anonimato. «No es que no se hayan adoptado medidas innovadoras, es que nadie ha salido a la palestra a explicarlas y darles su importancia», continúa.

El titular que abandona la cartera, Luciano Alonso, deja también el gobierno después de muchos años. Dos de cada tres intervenciones públicas de Alonso, desde que fue nombrado consejero de Educación, fueron para denunciar los «perjuicios» de la llamada ley Wert, y anunciar las medidas alternativas. Nunca pronunció un discurso ni hizo un anuncio sin tener que leerlo en público.

Ahora Susana Díaz pretende devolverle peso específico a la política educativa, dando exclusividad a una cartera que su antecesor, el expresidente José Antonio Griñán, consideraba «la principal de todas las políticas públicas» de su gobierno.

La presidenta ha elegido a Adelaida de la Calle, una profesional del ámbito universitario, para gestionar las enseñanzas medias. Éstas, tradicionalmente, siempre han estado enfrentadas con la Universidad. El déficit que sufre la formación inicial y permanente del profesorado –reconocido por todos los profesionales del gremio desde hace años– surge en parte de la falta de diálogo entre quienes educan a los futuros maestros en las universidades y quienes educan a los niños en los colegios. La rectora Adelaida de la Calle tiene ahora un pie en cada mundo, y muchos creen que es la oportunidad para abordar uno de los problemas endémicos de la enseñanza: mejorar la formación del profesorado. Las competencias para hacerlo son limitadas, porque el sistema de acceso a la docencia depende del Gobierno central. Pero existen fórmulas para escuela y universidad cooperen juntas. Bastará con explorar el mensaje que Díaz trasladó a sus consejeros en la toma de posesión: «Diálogo, diálogo y diálogo».

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