Si España logra mantener el déficit por debajo del 3% dos años seguidos, el siguiente ajuste deberá aplicarlo a la deuda

El próximo Ejecutivo que salga de las elecciones del 26J, siempre y cuando no haya una segunda repetición, se encontrará una economía y un mercado de trabajo creciendo por encima del 3%. Esos buenos datos, sin embargo, se ven completamente diluidos por el brutal esfuerzo fiscal que va a tener que hacer y que en ningún caso se limita a llevar el déficit público por debajo del 3%.

La ambiciosa hoja de ruta que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene tres hitos: uno a corto plazo, otro a medio y otro final a largo plazo. El primero es la reducción del déficit público a partir de la nueva senda marcada por Bruselas: el desfase entre los ingresos y los gastos deberá pasar del 5,1% con el que se cerró 2015 al 3,9% en 2016 y al 2,5% en 2017. Bruselas le ha otorgado un año adicional a España para bajar el déficit y a cambio elevará la presión sobre Hacienda. La primera parada de esa viaje se producirá en julio, cuando la Comisión se vuelva a pronunciar sobre el desvío excesivo del déficit y especifique si le impone una sanción equivalente el 0,2% del PIB (2.000 millones de euros).

Esa será la primera misión del nuevo Ejecutivo, que tendrá que presentar a finales de septiembre los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Esas cuentas serán evaluadas por Bruselas y podrían recibir, tal y como confirman fuentes de la Comisión, un dictamen negativo, algo que todavía no ha sucedido en la historia reciente de Europa. En caso de que se produjera, el Gobierno dispondría de quince días para rehacer las cuentas con ajustes (recortes de gasto o subidas de impuestos) que convencieran a las autoridades comunitarias.

Las recomendaciones que Bruselas ha emitido en abril para que el futuro Ejecutivo las implemente se centran en cuatro aspectos (fiscal, laboral, formación y reformas) y podrían ser parte de esas contraprestaciones. En el apartado fiscal, además de rebajar el déficit a los niveles antes mencionados, también se solicitaría una aplicación estricta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y una mejor coordinación de los mecanismos de la contratación pública. En el apartado laboral se reclama el impulso de medidas para mejorar la formación de los desempleados, reformar los servicios públicos de empleo, homogeneizar la renta mínima y aprobar sistemas de apoyo a las familias, como acceso a guarderías o cuidados a enfermos. Las reformas que reclama la Comisión Europea se centran en la liberalización de los horarios comerciales y de los colegios y servicios profesionales.

El segundo hito se produciría a finales de 2016 y 2017 cuando el Gobierno presente los datos de ejecución presupuestaria y la cifra de déficit. La divergencia entre los datos del Programa de Estabilidady las previsiones de la Comisión Europea se centran en el último ejercicio, en el que España lleva el déficit al 2,9% y Bruselas al 2,5%. Dicho de otra manera, que se lograría rebajar el déficit por debajo del 3%, el objetivo marcado por Bruselas, pero habría un ajuste pendiente de 4.000 millones. ¿Supondría esa diferencia la imposición de nuevos ajustes? Las mismas fuentes de la Comisión creen que Bruselas no adoptaría medidas adicionales.

Si España encadena dos años consecutivos con el déficit por debajo del 3% (serían 2017 y 2018 según la hoja de ruta de Bruselas), España saldría de la parte correctora del procedimiento de déficit excesivo y pasaría a la preventiva, en el que el foco de la consolidación fiscal pasaría del déficit a la deuda pública. Y en ese indicador, la economía española sale muy mal parada. El último dato de deuda pública, correspondiente al primer trimestre de este año, refleja que la deuda pública se elevó al 100% del PIB, lo que supone cuarenta puntos por encima del nivel máximo permitido por el Pacto de Estabilidad. El pasivo de las administraciones públicas se ha triplicado desde el 36,3% registrado a finales de 2007. En esa parte preventiva, “muy exigente y más dura que la correctora en muchos casos”, se encuentran en la actualidad Bélgica, Italia y Finlandia. A todos ellos, con el déficit por debajo del 3%, se les obliga a reducir un 5% anual el exceso de deuda pública por encima del 60%. Italia no lo está cumpliendo y la Comisión iniciará negociaciones en septiembre para establecer una nueva senda o posibles sanciones.

Ese es el panorama que afrontará España a partir de 2018, toda vez que haya logrado dos años con el déficit por debajo del 3%. La deuda pública llegó a los 1,095 billones de euros en el primer trimestre de este ejercicio y se mantendrá en niveles similares en los próximos años, tal y como figura en el Pacto de Estabilidad. El exceso a reducir estará en el entorno de los 400.000 millones de euros, por lo que un 5% de rebaja anual supondría un ajuste de 20.000 millones de euros el primer año. Ese importe iría reduciéndose progresivamente hasta los 12.604 millones en 2028 o los 7.548 millones de 2039. Solo en los veinte primeros años, el desapalancamiento de las administraciones sería de 256.603 millones de euros, lo que supondría que se tendría que haber realizado un ajuste anual de 12.830 millones de euros, por encima del coste que ha supuesto la última reforma fiscal. Pese a ello, la deuda quedaría en el 75% del PIB en 2039, quince puntos por encima del 60% fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

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