El presidente de la Comisión sostiene que la sanción no ayudaría a la recuperación económica del país

La Comisión Europea podría renunciar a imponer una multa a España por no haber respetado los objetivos de déficit, según han reconocido fuentes europeas bien informadas. Una de las razones es que una decisión de este calibre no ayudaría al objetivo de gobernanza del euro, que es mejorar la situación económica de España. Además afectaría a un gobierno en funciones y en plena campaña electoral. Según estas fuentes, el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ha manifestado que su criterio político es evitar el uso del botón nuclear, que sería la aplicación de sanciones por primera vez. Y aunque las fuentes consultadas dan por hecho que habrá un debate con los partidarios de un criterio más ortodoxo, se espera que el resultado final será que Bruselas renunciará a imponer una sanción.

La Comisión presentará hoy sus previsiones de primavera, que en el caso español se espera que coincidirán con las del propio Gobierno, es decir,incluirán una leve desaceleración del crecimiento. El propio análisis del Ejecutivo comunitario probablemente dará pie a constatar que será muy difícil que España pueda cumplir con los objetivos de reducción de déficit ni este año ni el que viene. El comisario de Economía, Pierre Moscovici, lanzó la idea el mes pasado de otorgar a España hasta dos años de prórroga para pasar por debajo del límite del 3% del PIB, teniendo en cuenta precisamente estas previsiones. La decisión de sancionar o no a España no se anunciará hasta final de mayo y formalmente, el debate no ha sido abierto todavía en el colegio de comisarios.

La Comisión ya envió en marzo lo que se denomina una «recomendación autónoma» reclamando medidas, que el Gobierno ha intentado reflejar en el plan de estabilidad aprobado el pasado viernes, con la intención de convencer a Bruselas de sus buenas intenciones. El Programa de Estabilidad para los próximos tres años (16-19) incluye una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y una propuesta para relajar la senda de déficit público, tras la desviación en las cuentas de 2015.

Unos 2.000 millones

Las sanciones por no hacer caso de la obligación de reducir el déficit público pueden llegar al 0,2% del PIB (es decir unos 2.000 millones), pero en el seno de la Comisión se plantean si una decisión así, hacia un gobierno en funciones que aún debe hacer un gran esfuerzo presupuestario, no tendría efectos contraproducentes. Un alto funcionario del Eurogrupo había dicho que en el peor de los casos «se podría imponer una sanción pero con una multa de cero euros», aunque más recientemente ha desvelado que Juncker prefiere buscar argumentos para no utilizar ni siquiera el término sanción.

Eso no significa que el presidente de la Comisión esté contento con la gestión del actual gobierno en funciones. Según fuentes parlamentarias, en una reciente cena restringida el presidente de la Comisión habría expresado claramente su contrariedad por el hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy no hubiera hecho caso a todas las señales que le enviaban desde Bruselas para que evitase esta desviación. Sin embargo, se puede suponer que después de haber puesto a España como el modelo de toda la zona euro en la recuperación de la senda del crecimiento, la Comisión no puede decidir utilizar por primera vez el mecanismo sancionador contra el mismo país.

Después de los más de 8.000 millones de euros en que se han desviado las cuentas públicas en 2015, el plan de reformas prevé que este año no podrá llegar al 2,8% previsto -ya por debajo del 3%-, sino que tendrá que quedarse en un 3,6% para dar un poco de margen a las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Los gobiernos regionales pasan desde el 0,3% al 0,7%, mientras que la Seguridad Social tendrá que reducir su déficit del 1,3% al 1,1%, en lugar de llegar al 0,3%, como estaba previsto. En la Comisión Europea, al menos en el entorno del comisario Pierre Moscovici, no están seguros de que este objetivo se pueda alcanzar solamente en un año, sin dañar la tendencia de crecimiento de la economía y probablemente hoy quedará bien expresado en el caso de las previsiones de primavera.

Lo que se da por supuesto y en eso insisten todas las fuentes consultadas, es que aunque no haya sanciones, la prórroga en el objetivo de déficit tendrá un precio para España. La flexibilidad será concedida a cambio de condiciones concretas de recortes y reformas. La legislación laboral será probablemente uno de los campos donde la Comisión lleva años exigiendo una nueva vuelta de tuerca. Se entiende por qué el Gobierno en funciones prefiere un solo año de prórroga y no dos.

ABC