Silvia Moreno
EL MUNDO
“Todavía deja mucho que desear la coordinación contra la corrupción”

Jesús garcía Calderón (Bajadoz, 1959) cumplirá en 2016 quince años al frente de la Fiscalía Superior de Andalucía, un cargo que ha ejercido con gobiernos del PSOE y del PP. Gran experto en la lucha contra la corrupción, fue pionero al advertir que era una forma de crimen organizado. Acaba de tomar posesión como director de la Real Academia de Bellas Artes de Granada con un discurso titulado «La defensa de la cultura como atributo de la libertad». En su doble faceta, el fiscal poeta conoce bien lo mejor y lo peor de lo que es capaz el hombre.

Lleva varios años reclamando más controles y más medios para luchar contra la corrupción, pero ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno recogen el guante.
No estoy tan de acuerdo con esa afirmación. hace algunos años, dijimos que era necesario despenalizar las faltas y se han despenalizado, o que era necesario una acotación temporal del proceso, y se ha establecido. no creo que sean propuestas que caen en saco roto. Hay que diferenciar y, en el ámbito de la comunidad autónoma, en espacio, medios materiales y personales, hay avances, pero seguimos con grandes carencias.

¿Estamos perdiendo la batalla contra la corrupción?
La lucha contra la corrupción requiere de una mayor coordinación institucional porque todavía deja mucho que desear. Falta con los órganos de fiscalización y control y con los órganos de control presupuestario. La Policía Judicial debería trabajar de una manera más unida a la Fiscalía desde el comienzo de las investigaciones.

Los avances en la lucha contra la corrupción no son suficientes.
Todavía tenemos un problema de falta de perspectiva, pero lo importante es que se siga investigando con toda rotundidad y buscando la mayor eficacia y la recuperación de activos. Es esencial. lo que me preocuparía de la corrupción es que no fuera objeto de investigación.

El juez del caso invercaria, Juan Gutiérrez Casillas, exclamó «¿qué están haciendo con nuestro dinero?» al oír cómo repartía sumas millonarias la empresa pública de capital riesgo de la Junta.
Con la distancia adecuada, parece increíble que estas disposiciones de dinero hayan tenido lugar con tal falta de criterio o de cumplimiento de la legalidad vigente. Es natural que produzca una sorpresa en los investigadores. Comparto la expresión. La sufrí antes que él, cuando formulamos la denuncia. El problema que debemos plantearnos es por qué ha pasado tanto tiempo y qué debemos hacer para que esa investigación sea más ágil y eficaz.

¿Y qué se puede hacer?
La única forma que tiene la instrucción de ser agilizada es que se traslade al fiscal porque podemos destinar más medios y establecer investigaciones que avancen de forma paralela y no tengan que pasar por el tamiz del instructor porque, por mucho esfuerzo que haga, se ve desbordado por la situación.

El paso del tiempo puede provocar que los delitos prescriban.
Así es. Además, el Tribunal Supremo considera que las dilaciones pueden entrañar una fórmula de atenuación de la responsabilidad penal y eso es preocupante. Los fiscales actúan con toda la contundencia y con toda la rapidez que puede, pero le proceso penal es muy arcaico y sigue anclado a una normativa del siglo XCIX que se promulgó cuando no existían ni el cinematógrafo ni el automóvil.

Andalucía ha perdido millones de euros en subvenciones de la UE porque la Junta tiene paralizada la formación, ¿no roza lo delictivo?
No debo pronunciarme sobre una actuación de naturaleza administrativa. Para poder hacerlo, tendría que tener un mayor conocimiento y sería una temeridad y una torpeza por mi parte hacerlo. El Código Penal ha experimentado una profundísima reforma y la antigua malversación ha sido sustituido por formular de apropiación indebida de patrimonio público o administración desleal. Esto puede dar una nueva visión a algunos casos de corrupción y puede generar que la exigencia de responsabilidad tenga otros cauces más amplios.

¿Más severos?
No, todavía es pronto para pronunciarse. La clave de la actuación del fiscal es el rigor y la imparcialidad. Si no lo hacemos así, perdemos nuestra fuerza. Sin rigor y sin imparcialidad no somos nada. Hay que acabar con la idea de que la lucha contra la corrupción sólo importa al sistema de justicia penal porque afecta a toda la función pública. no es sólo cosa de jueces y policías sino de toda la Administración, que debe estar implicada de manera clara y nítida en esta lucha.

El problema es que cuando jueces, fiscales y policías investigan a la Administración, se torpedea su trabajo y la Junta de Andalucía dice que colabora con la Justicia, pero no remite los expedientes…
El sistema penal tiene mecanismos para corregir cualquier obstaculización de la acción penal. Hemos podido ver cierta lentitud, pero hay mecanismos para corregirlo.

En el presunto fraude de la formación, la Fiscalía alertó sobre las exoneraciones masivas y millonarias que luego han sido la base para imputar a ex consejeros de la Junta como Antonio Fernández.
La Fiscalía alertó de las resoluciones de exoneración porque estaban reflejadas en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía y pedimos la aclaración. Fue un elemento indiciario de un gran valor, pero todavía es pronto para analizar con claridad la importancia de las exoneraciones.

¿Debería desaparecer la figura del aforado? Muchos lo ven como un privilegio de los políticos.
Hay veces que no es posible responder a una presunta con un sí o no. Esto tiene muchos matices. En el ámbito político, el aforamiento es una decisión que históricamente siempre ha estado presente en nuestra normativa procesal y en los Estatuto de Autonomía. Si nos remitimos a la actuación de los tribunales superiores y del Tribunal Supremo, y hay algún ejemplo próximo que podría socorrer esta afirmación, no comporta en modo alguno impunidad. Es un error y falso afirmar que el aforamiento sea mayor impunidad.

Impunidad no, pero privilegio sí.
Es un tema controvertido sobre el que se puede debatir. Si no existiera el aforamiento, tampoco pasaría anda. Pero no podemos identificar el aforamiento con un privilegio ni con una mayor impunidad. Le diría que puede ser demostrativo de un mayor rigor.

El caso ERE ya está dividido, como pedía la Fiscalía y ahora hay juristas que alertan de que podía suponer un colapso en la Audiencia por la multitud de juicios que se tendrían que celebrar.
Nosotros en los dictámenes que hicimos mantuvimos el mismo criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Vimos que era necesaria esa manera de continuar la tramitación de la causa, pero valoraciones sobre el futuro sería precipitado y torpe por mi parte. Nuestro sistema de justicia penal ha hecho juicios muy complicados y se han hecho con normalidad.

¿Cree que la juez Alaya debía haber seguido con la investigación del caso ERE y las otras causas de corrupción? Ella es la que mejor conoce estos casos.
No me debo pronunciar sobre eso. Compete a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y yo no formo parte de ella, y también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alaya acusó a su sucesora de amistad con el consejero de Justicia y de que su presencia comprometía la investigación. ¿Debe investigarse esa denuncia?
Los únicos que deben pronunciarse sobre este asunto se los acabo de mencionar.

¿Debería pagar la Junta el alquiler del fiscal superior de Andalucía, como ya lo está haciendo con el del presidente del TSJA?
Lo único que le tengo que decir es que a mí no me lo pagan. Yo pago mi alquiler desde hace 15 años. Y no tengo nada más que señalar.

¿Compromete la independencia del presidente del TSJA, que debe enjuiciar a los aforados, que la Junta le pague el alquiler como si fuera un alto cargo más del Gobierno andaluz?
La independencia judicial es más compleja que todo eso. no se puede asociar de esa forma tan primaria. Es habitual que altos cargos judiciales dispongan de vivienda oficial, yo mismo la tuve cuando fui fiscal jefe en Lugo. No creo que se pueda medir la mayor o menor independencia por una situación de esta naturaleza. Se lo digo con toda sinceridad. La independencia de los jueces y la imparcialidad de los fiscales hay que examinarla conforma a las actuaciones que desarrollen.

La dimisión del ex fiscal general del Estado Torres Dulce frustró su ascenso a la cúpula de la carrera fiscal…
Es es mucho suponer. Dimitió y había nombramientos pendientes que no se llevaron a cabo, pero es una mera hipótesis que no podemos mantener con seguridad.

¿Ve su futuro profesional en Andalucía o lejos de aquí?
Mi futuro no me preocupa, como en una ocasión me dijo don José Chamizo, a mí me preocupa mi pasado. Soy un funcionario público desde los 25 años y no le puedo decir dónde voy a estar. Cuando llegue el momento tomaré las decisiones pertinentes.

En su reciente comparecencia parlamentaria, planteó que las cifras de maltrato siguen al alzo, a pesar de todo el esfuerzo.
En materia de violencia de género han pasado más de diez años desde la promulgación de la ley, que tuvo una importancia histórica, y es u buen momento para reflexionar, abrir un debate y analizar estas muertes por qué se siguen produciendo, a pesar de la movilización institucional.