Editorial

EXPANSIÓN
La recuperación de la economía española continúa dando muestras de una aceleración mayor a lo esperado. El crecimiento durante el primer trimestre del 2,7% en tasa interanual equivaldría a un crecimiento anualizado del PIB del 3,5% si se mantuviera ese ritmo durante todo el ejercicio, confirmando así el vaticinio adelantado hace unas semanas por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Es cierto que en este avance extraordinario de la economía ha tenido una especial incidencia el aumento del gasto público en un 1,6% (el mayor avance de los últimos cinco años, que se produjo en ciernes de las recientes elecciones autonómicas y municipales), pero también que otros sectores de la actividad económica han acelerado su aportación al crecimiento, en especial el constructor y la industria, que creció en los tres primeros meses del año al mayor ritmo desde 2007. Y si bien el consumo privado aumentó dos décimas menos que en el trimestre anterior, el crecimiento agregado de los salarios y la mejora de la actividad del comercio minorista parecen anticipar una nueva aceleración a corto plazo. Sin embargo, el robusto crecimiento de la economía no consigue eclipsar la aparición de riesgos crecientes en el plano político, alimentados por la fragmentación parlamentaria en casi todos los ayuntamientos y comunidades autónomas a raíz de los resultados de las elecciones del pasado domingo. Analistas e inversores han mostrado su preocupación porque esta nueva correlación de fuerzas en la política española pueda ralentizar, e incluso revertir, la adopción de las reformas estructurales pendientes. Una marcha atrás que sería muy peligrosa para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y mantener el actual atractivo inversor de la economía española. Así lo alertaron ayer representantes de 250 fondos y firmas de capital riesgo reunidos en Madrid para su conferencia anual. Las propuestas económicas involucionistas de disparar el gasto público y los impuestos que proponen las candidatas de izquierda radical en disposición de hacerse con las alcaldías de las dos mayores ciudades españolas centran la inquietud de los inversores. Medidas como remunicipalizar los servicios públicos externalizados o plantear una quita a la deuda municipal de Madrid (en manos de bancos nacionales y extranjeros) no sólo dañarían la imagen de España, sino que ahuyentarían a los inversores extranjeros ante el aumento que supondrían de la inseguridad jurídica y de la arbitrariedad en la gestión pública.
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