José Antonio Carrizosa
DIARIO DE SEVILLA

Si usted es ciudadano andaluz y tributa en su comunidad autónoma, soporta, junto con los catalanes, la presión fiscal más alta de España y en Europa su aportación a las arcas del Estado sólo es comparable a la de países como Suecia o Bélgica. En círculos económicos y empresariales se habla abiertamente de una fiscalidad que roza lo confiscatorio en Andalucía y cada vez es más frecuente conocer casos de sociedades que fijan su sede fiscal en otras comunidades aunque la mayor parte de sus negocios lo hagan aquí o que se realizan empadronamientos fuera del lugar de residencia habitual para eludir los altos impuestos que hay que pagar por una testamentaría. Tenemos tributos de sociedad rica y somos una sociedad pobre. Esa pobreza justifica una estructura fiscal progresiva en la que los que más tienen paguen más para conseguir una sociedad solidaria en la que los esfuerzos estén mejor repartidos. Pero en Andalucía no es arriesgado afirmar que se han pasado ciertos límites que nos alejan de la media española y también de lo que podría darse en llamar normalidad fiscal en un país con nuestro entorno económico y social. Esto afecta tanto a particulares como a empresas.

Que Andalucía tiene que aprovechar los mejores vientos de la economía nacional para normalizar su presión fiscal es algo que comparte todo el mundo salvo los muy radicalizados. Ha sido un planteamiento que ha defendido desde que llegó al puesto la presidenta de la Junta y que en la anterior legislatura le bloqueó Izquierda Unida. Ahora, apoyándose en la presión de Ciudadanos, que lo había puesto como primera condición para respaldar los Presupuestos, ha rebajado en dos puntos la tarifa del IRPF para las rentas inferiores a los 60.000 euros. La medida, aceptada con más disciplina que entusiasmo por la consejera de Hacienda, no resuelve ni de lejos el problema del exceso de presión fiscal sobre las rentas medias: unos 20 euros al mes o unos 240 al año para reactivar el consumo y dinamizar la economía. Poco, pero menos da una piedra y, sobre todo, nos pone en el camino de que la Administración regional tome conciencia de que el exceso de tributación es uno de los principales frenos para el desarrollo de nuestra economía. Vivimos en una región con grandes carencias y donde lo público tiene que estar presente en la prestación de servicios para que estos sean accesibles a toda la población. Pero el dinero donde tiene que estar para que sea eficaz y mueva la economía es en el bolsillo de los ciudadanos. Si el Gobierno andaluz empieza a comprender el mensaje es que está en la vía correcta.