La Consejería de Fomento reclama al primero 5,82 millones y 120.000 euros al segundo y tiene abiertos expedientes a otras seis entidades

La Consejería de Fomento da un paso más en su política de vivienda y ha sancionado a dos entidades bancarias por no poner los pisos de protección oficial vacíos de que disponen en los registros municipales de demandantes , para que sean ocupados por las personas que los necesitan.

Se trata de dos sanciones de muy diferente envergadura, pero que responden a un segundo estadío de la línea iniciada por la Ley de Función social de la Vivienda, o ley antidesahucios. Si en un primer momento se multó a la Sareb, el ‘banco malo’, por no haber informado a la administración de cuántas VPO tenían en su haber, una sanción que asciende a 120 millones de euros, ahora la Junta inicia las multas a las entidades que sí han comunicado las viviendas vacías de que disponen pero no las han inscrito en los registros municipales de demandates de vivienda.

De este modo, al Banco Popular se le impone una multa de 5,82 millones de euros, por que cuenta con 99 VPO que no ha ofrecido a los registros de los ayuntamientos. Al Banco de Sabadell se le sanciona con 120.000 euros, correspondientes a dos VPO sin registrar. El importe de cada una de las sanciones se ha establecido en 60.00 euros, según informó la Consejería, como falta muy grave pero aplicándosele diversos atenuantes.

Fomento instruye expediente a otras seis entidades financieras, por un total 5,1millones de euros: BBVA (1,62 millones de euros por 27 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), Building Center (1,56 millones de euros por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por once viviendas), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por dos viviendas).

La consejera valoró que «Andalucía es la única comunidad donde se ha acabado la impunidad de los bancos y el Gobierno planta cara a la especulación» y consideró «intolerable que las viviendas construidas con dinero público estén vacías en manos de los bancos mientras Andalucía atraviesa una situación de emergencia social».

Respaldo formal

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, respaldó públicamente la sanción a los bancos y dijo que éstos «tienen la obligación de cumplir la ley, poniendo a disposición la información que solicita la Junta y, cuando no lo hagan, aplicaremos la ley».

Díaz emplazó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que retire «cuanto antes» el recurso contra la Ley de Función Social de la Vivienda en Andalucía y dijo que es preciso actuar frente a los desahucios, que son un «drama humano» que afecta a «miles de familias»

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