Gumersindo Ruiz
DIARIO DE SEVILLA

Hemos oído esta semana comentarios sobre la amenaza que presuntamente supone para las pensiones el aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años, junto con la disminución de trabajadores que contribuyen al sistema de seguridad social, en relación a los beneficiarios del mismo. Es evidente que si en España actualmente las personas que tienen 65 años pueden vivir en promedio 20 años más, y que esta esperanza de vida aumenta a 25 de aquí a 2050, el sistema tiene que pagar a un jubilado durante más tiempo, y, por otra parte, tiene relativamente menos ingresos. Estas cuestiones son especialmente llamativas en Andalucía, donde la longevidad es mayor y la participación laboral más baja, aunque la población crece. Pero la conclusión no es tan evidente si analizamos unas cuantas cosas.

Primero, el pago de pensiones es en España una cuestión presupuestaria, donde los ingresos de la Seguridad Social se unen a los presupuestarios y se tratan de equilibrar con los gastos totales. Esto quiere decir que siempre cabe que en un presupuesto se meta presión sobre los impuestos y se recaude más, se reduzcan gastos e inversiones, y se atienda a las pensiones. Al fin y al cabo, se calcula que un 75% de los mayores de 65 años van a votar, mientras que de los menores de 35 años sólo vota algo menos de la mitad.

Segundo, el problema no hay que verlo sólo como algo demográfico, incuestionable, pues depende de otros factores importantísimos como son el empleo, la masa salarial, la participación de la mujer en la fuerza laboral, y la compatibilidad de la jubilación parcial con el trabajo. Estos factores pueden aumentar los ingresos de la seguridad social y reducir el problema; el Informe del Envejecimiento en la Unión Europea, con previsiones optimistas sobre el crecimiento y el empleo de España, reduce en 0,8% el coste de las pensiones sobre el producto de la economía, en los próximos 35 años.

En tercer lugar, hay que abrir un debate sobre la conveniencia de un sistema público y privado de ahorro a largo plazo, en activos que sean líquidos para cuando se necesite. Los sistemas actuales de pensiones privadas son muy limitados; hay que abrirlos, entre otras, a la inversión en alquiler de viviendas a través de sociedades reguladas, públicas y privadas. El ahorro sistemático es una buena cosa; 50 euros mensuales entre 1992 y 2014 en el Íbex, habrían dado 33.061 euros, de los cuales 21.608 serían de dividendos. En 40 años de vida laboral, el doble de esta cantidad aun resulta modesta, pero sustancial en relación a la pequeña aportación que supone.

En conclusión, el mantenimiento del sistema de pensiones exige empleo y buenos salarios; y el de ahorro, eliminar la connotación de que se trata de un complemento o sustituto de las pensiones, y llamarlo ahorro a largo plazo. Hay que tener un buen sistema de ahorro privado, con alternativas que no sean sólo los planes actuales o el sesgo a invertir en la compra de viviendas; y un sistema público de pensiones contributivas, que es una deuda que tiene el Estado con los trabajadores en correspondencia a su aportación a la Seguridad Social.

Gumersindo Ruiz
DIARIO DE SEVILLA