Aragón, Extremadura, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña han recibido requerimientos para que actualicen los planes de ajuste

Las cuentas públicas siguen descontroladas. El Ministerio de Hacienda está contactando con las comunidades más retrasadas en la contención del déficit público para reclamarles que anticipen el cierre de los presupuestos de gastos a septiembre. Además, les requiere ajustes para reducir los números rojos. Aragón, Extremadura, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña han recibido requerimientos para que actualicen los planes de ajuste ante el riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit este año. El Gobierno recuerda que ya ha activado las medidas coercitivas para multar a los que no cumplan.

El Ministerio de Hacienda remitió entre el jueves y el viernes pasado, al menos, a siete comunidades autónomas, cartas con requerimientos para que adopten ajustes ante la “existencia de posibles riesgos y desviaciones en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria del presente ejercicio”. Les reclama que anticipen a septiembre el cierre presupuestario de los gastos y las operaciones no presupuestarias.

Esto supondrá que a partir del próximo mes, estas autonomías no podrán aprobar nuevas adjudicaciones, ni licitaciones ni conceder subvenciones que no estén acordadas ya. Además, les pide que cumplan los “acuerdos de no disponibilidad de gasto e inejecuciones del presupuesto”, que proporcionarían unos ahorros de 830 y 680 millones respectivamente.

Estas medidas ya fueron acordadas el pasado abril pero en la práctica no se están llevando a cabo. Por eso, en las cartas remitidas a las comunidades, Hacienda les recuerda a los consejeros autonómicos que “el Estado, adicionalmente a la instrumentación de un acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones, ha procedido a adelantar al mes de julio el cierre presupuestario de gastos y operaciones no presupuestarias”.

Alerta por los gastos de personal

En las cartas, Hacienda advierte a los consejeros de Finanzas de que los principales riesgos se encuentran en la evolución de los impuestos indirectos de gestión propia y en materia de tasas, que en realidad, son una pequeña parte de los recursos de estos territorios. También alerta sobre la “evolución registrada en materia de gastos de personal así como en relación con gasto corriente en bienes y servicios”.

En algunas de las cartas, Hacienda subraya ese temor al señalar: “Se considera que pueden existir dificultades para el cumplimiento de déficit concentrándose los principales riesgos en las áreas de sanidad y educación”.

Durante la semana pasada, los responsables de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas han mantenido encuentros a través de videoconferencias para analizar la situación de las cuentas públicas de estas siete autonomías. En Hacienda cunde la preocupación tras el ultimátum de Bruselas, que ha evitado la multa in extremis, pero a cambio exige un duro ajuste para el próximo año.

Además, el Ejecutivo comunitario ha lanzado un amplio menú de advertencias sobre la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Por eso, y porque ya ha transcurrido el periodo electoral, desde el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, han aumentado la presión para que las comunidades se acomoden al objetivo de déficit del 0,7% del PIB válido para este año.

Los últimos datos de ejecución presupuestaria correspondientes al mes de mayo se han publicado esta semana y revelan que Extremadura, Cantabria, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña acumulan un desfase presupuestario a estas alturas del año que las aboca a volver a incumplir las metas pactadas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) —el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas— también ha señalado a estas comunidades en su último informe sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

La Autoridad Fiscal subraya que “no se han instrumentado los acuerdos de no disponibilidad por parte de las comunidades”. Y reclamaba al ministerio que exigiese el cumplimiento de estos requerimientos. Ahora desde Hacienda aprietan a estas autonomías para que restrinjan los gastos y aplacen al próximo ejercicio los proyectos previstos para final de año.

La mayoría de estas comunidades ya asume que no podrá cumplir con la meta del 0,7% del PIB, pero alegan que arrastran problemas de financiación y que no pueden avanzar más en los ajustes bajo el riesgo de socavar aún más el Estado de bienestar.

EL PAÍS