Editorial

EL PAÍS
Unos 300.000 alumnos de 3º de primaria de toda España debían someterse a partir de esta semana y hasta finales de mayo a una evaluación de competencias lingüísticas y matemáticas. Sin embargo, una inesperada contestación protagonizada por asociaciones de padres, algunos colegios e incluso autoridades educativas autonómicas ha dejado en dique seco en diferentes lugares una de las medidas previstas en la LOMCE: una prueba externa para determinar la calidad docente. La ley establece la obligatoriedad de realizar la evaluación, pero corresponde a las comunidades autónomas su diseño y aplicación. De momento, una treintena de colegios catalanes se han agrupado en una asociación y han decidido boicotear la prueba; el Gobierno asturiano ha anunciado que no la realizará, Canarias la aplicará parcialmente y Andalucía la diluirá en la evaluación continua. Aunque la prueba tiene solo carácter diagnóstico y orientativo, ha causado el rechazo de una parte de comunidad educativa, incluidas las principales asociaciones de padres y los sindicatos de enseñantes. Entienden que tal como está prevista no permite una evaluación cualitativa del nivel de los alumnos y temen que haya comparaciones con los resultados obtenidos que etiqueten a los distintos centros, sin garantizar recursos para la mejora de los que obtengan peores resultados ni para reforzar a los que se encuentran en zonas sociales desfavorecidas. Cataluña realiza una prueba de este tipo en 4º y 5º cursos desde hace 15 años. Lo que hará ahora es trasladarla al curso fijado por la ley, pero la consejera ha asegurado que no hará públicos los resultados. Estas reacciones reflejan, entre otras cosas, un elevado desorden en el sector y que el debate no se cerró con la aprobación de la LOMCE.
Un sistema educativo de calidad necesita, en cualquier caso, pruebas de evaluación para saber en qué falla y qué puede mejorar. Otra cosa es la discusión sobre cómo ha de ser esa evaluación, de forma que sea útil para corregir y mejorar. Un sistema que no evalúa está condenado al fracaso. Y la forma de hacerlo no puede quedar al margen del debate de fondo sobre los cambios que se deben introducir en la enseñanza para adaptarse a los requerimientos de la sociedad que viene, y que deben estar orientados a asegurar un nivel de exigencia mucho mayor en todos los ámbitos educativos.
EL PAÍS
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