EDITORIAL

La condonación de los intereses de los préstamos otorgados por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas y ayuntamientos que han debido ser rescatados a través del Fondo de Liquidez Autonómica y del Plan de Pago a Proveedores desde el año 2012 ha provocado lógicamente gran malestar entre las autonomías más austeras, que se consideran perjudicadas por esta nueva medida de gracia del Gobierno para las regiones con mayores déficits y deuda. Y es que la quita de intereses que planea el departamento de Cristóbal Montoro supondrá una inyección de liquidez adicional de unos 2.000 millones de euros para los gobiernos autonómicos y municipales más díscolos en materia presupuestaria. Una regalía que llegará a pocos meses de las elecciones regionales y locales del próximo mes de mayo. En vista de la trayectoria fiscal de estas administraciones, resulta difícil imaginar que vayan a emplear ese margen adicional en reducir sus elevados déficits y venzan la tentación de aumentar otra vez su gasto público en busca de congraciarse con el electorado.

Las anteriores medidas puestas en marcha por Hacienda para facilitar a las comunidades incumplidoras que aminorasen su déficit no han impedido que éstas regiones se mantengan fuera del tope marcado, al tiempo que nuevas autonomías han engrosado este grupo. Una tendencia que se acentuará este año y el próximo, cuando nueve gobiernos regionales sobrepasarían el límite de déficit permitido, según ha alertado recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Cabe recordar que Cataluña será una de las mayores beneficiarias de la condonación de intereses que prepara Hacienda, a pesar de que la Generalitat de esta región ya ha anticipado públicamente que no se ajustará al tope de déficit marcado ni en 2014 ni en 2015. No obstante, los presupuestos catalanes para el próximo año se han edificado sobre la base de que el Gobierno central inyectaría 2.500 millones de euros adicionales en sus arcas. Perdonar los intereses de todos los créditos de emergencia otorgados a Cataluña (más de 30.000 millones en los tres últimos años) le daría un margen adicional de 600 millones.

Además del riesgo moral que supone premiar a las comunidades con excesivos déficit y deuda, la medida que planea Hacienda implicará la asunción de parte del déficit autonómico por el Estado. Un riesgo adicional para cumplir el exigente objetivo de déficit público marcado por la Comisión Europea a España para el próximo año: el 4,2% del PIB frente al 5,8% de este año.

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