El nuevo impuesto a la extracción de hidrocarburos trata de ceder una buena parte de los beneficios de esta actividad a las comunidades autónomas, algunas de las cuales se habían destacado por una fuerte oposición a las prospecciones en busca de gas, por la vía del fracking.

Asturias y Galicia, las pioneras

El parlamento asturiano aprobó en 2012 un veto a la fracturación hidráulica mediante una preposición no de ley. Sin embargo, esta norma cayó en desuso en 2013, cuando se aprobó la Ley de Hidrocarburos a nivel nacional. Este texto ratificaba que las autorizaciones a las exploraciones para zonas que atañan a varias CCAA corresponderían al Estado, y lo mismo para cualquier perforación independientemente de dónde se haga. Algo similar sucedió con una moratoria en Galicia.

Cataluña, Cantabria, La Rioja y Navarra, las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional

A lo largo de 2013, tanto Cantabria como La Rioja y Navarra aprobaron sus respectivas leyes anti fracking, que prohibían el uso de la técnica en cada una de las regiones, y Cataluña se sumó este mismo año. Todas ellas fueron recurridas al Tribunal Constitucional, y todas ellas anuladas (la de Cataluña hace apenas tres semanas) por introducirse en las competencias del Gobierno central. Previamente el Consejo de Estado señalaba que una comunidad autónoma no tenía competencias para prohibir una técnica en concreto, dado que suponía un vaciamiento de las estatales.

Andalucía, una propuesta en marcha

El parlamento andaluz está tramitando una nueva ley que impida el fracking en la comunidad autónoma, con el apoyo del PSOE e IU. Para evitar al Constitucional, el texto hablaba de una moratoria “hasta tanto no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza” que la utilización del fracking “no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medio ambiente en general”. Sin embargo, el sector defiende que esta moratoria actúa en la práctica como prohibición, dado que nunca se puede alcanzar una certeza absoluta.

Castilla y León, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde se han rechazado.

En los tres parlamentos se votaron mociones para prohibir la fracturación hidráulica, pero las fuertes mayorías del Partido Popular las rechazaron. Sin embargo, no es una postura nacional unitaria, ya que el PP sí votó a favor de los vetos en Cantabria y La Rioja.

País Vasco lo autoriza expresamente.

Aunque no es necesaria una ley regional, País Vasco es la única región que ha votado una norma para autorizar la técnica expresamente. El texto es restrictivo sólo con las zonas medioambientalmente protegidas por lo que, para el sector, se trata de una ley muy permisiva.

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